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La Agencia Nacional de Discapacidad aprueba un nuevo baremo médico para evaluar la invalidez laboral en las pensiones no contributivas, aplicando criterios que podrían endurecer el acceso o la revisión de estos beneficios vitales. ¿Qué impacto tendrá en miles de personas con discapacidad?
Un cambio sensible y de gran impacto social se ha oficializado hoy en el Boletín Oficial. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha aprobado un nuevo baremo para la evaluación médica de invalidez en las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral, mediante la Resolución 187/2025. Esta medida, que se aplica a todos los trámites iniciados a partir de su firma, así como a las futuras revisiones y auditorías, genera una enorme incertidumbre en la comunidad de personas con discapacidad.
La Ley N° 13.478 faculta al Poder Ejecutivo a otorgar pensiones inembargables a personas sin recursos y con imposibilidad de trabajar. Hasta ahora, se presumía una incapacidad total cuando la invalidez producía una disminución del 66% o más en la capacidad laborativa, acreditado mediante el Certificado Médico Oficial (CMO). El nuevo baremo, que la ANDIS deberá implementar administrativa y operativamente, busca "contener los lineamientos para el análisis del grado de invalidez laboral".
Aunque el texto no detalla los cambios específicos en los criterios del baremo, el hecho de que se apruebe uno nuevo y se aplique retroactivamente a trámites ya iniciados, sumado al contexto actual de ajuste del gasto público, enciende las alarmas. La preocupación es que los nuevos lineamientos puedan endurecer las condiciones para acceder a este beneficio vital o dificultar la renovación para quienes ya lo perciben. Esto podría dejar a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad económica y social.
Para los ciudadanos que dependen de estas pensiones, o que están en proceso de solicitarlas, la información clara y accesible sobre los nuevos criterios será crucial. Es fundamental que la ANDIS garantice un proceso transparente y que se realicen las capacitaciones necesarias para que los profesionales médicos y los solicitantes comprendan a fondo cómo se aplicarán estas nuevas reglas. La vida de muchas familias está en juego, y la incertidumbre es el peor enemigo en estos casos.
