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El Gobierno Nacional aprueba la reglamentación de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165, prometiendo agilizar trámites y garantizar derechos fundamentales. Una deuda pendiente que busca saldarse en un contexto global de crisis humanitarias.
Argentina da un paso crucial en materia de derechos humanos y política migratoria con la aprobación del Decreto 646/2025, que finalmente reglamenta la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165. Esta ley, sancionada hace años, carecía de procedimientos específicos, lo que generaba “serias demoras en la obtención de respuestas expeditas” e “incertidumbre jurídica” para miles de solicitantes de asilo. La Corte Suprema ya había advertido sobre la necesidad de esta reglamentación, y ahora el Ejecutivo salda esa deuda. La medida busca garantizar la plena y efectiva implementación de una ley que protege a quienes huyen de violencia generalizada, conflictos internos, violaciones masivas de derechos humanos o persecución, poniendo en riesgo su vida, seguridad o libertad. Esto es fundamental para las personas que buscan refugio en nuestro país, asegurando el acceso al territorio, al procedimiento de asilo y la garantía de no ser devueltos a los lugares donde sufrieron persecución. El decreto deroga normativas anteriores (Decretos Nros. 251/90, 942/95 y 102/07) para establecer un marco jurídico más moderno y eficiente. La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), el organismo de aplicación, ahora tendrá las herramientas necesarias para actuar con mayor celeridad y conforme a estándares internacionales. En un mundo convulsionado por crisis migratorias y conflictos, la reglamentación de esta ley posiciona a Argentina como un país comprometido con la protección internacional, brindando seguridad jurídica y esperanza a quienes más lo necesitan. Es un avance significativo que mejora la operatividad del Estado en esta materia y reafirma el espíritu humanitario de la nación.
“Con esta reglamentación, Argentina honra su compromiso humanitario y agiliza la protección para quienes huyen de la persecución.” Los solicitantes y organizaciones humanitarias deberán analizar el Anexo I del decreto, que contiene la reglamentación detallada, para comprender los nuevos procedimientos y plazos.