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El Gobierno ratifica la intervención del Hospital Nacional Laura Bonaparte por un año, en medio de "motivos de público conocimiento" y la ausencia de autoridades. ¿Qué pasa con la salud mental en Argentina?
Un nuevo sacudón en el ámbito de la salud pública. El Gobierno, a través del Decreto N° 130/2025, ha ratificado la intervención por el plazo de UN (1) año del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”. Esta decisión, que ya había sido tomada por el Ministerio de Salud mediante la Resolución N° 360/2025, ahora recibe el respaldo presidencial, lo que subraya la gravedad de la situación en este centro clave.
El decreto alude a "motivos de público conocimiento que requerían de acción inmediata" y a la "ausencia de las máximas autoridades asistenciales" del hospital. El objetivo declarado es "optimizar la eficacia y eficiencia de las funciones de dicho organismo", buscando un reordenamiento tanto institucional como científico-técnico. El doctor Mariano Bruno PIROZZO fue designado como Interventor General, con plenas facultades de conducción.
El Hospital Laura Bonaparte es un pilar fundamental en la atención de la salud mental y adicciones en Argentina, enmarcado en la Ley N° 26.657, que asegura el derecho a la protección de la salud mental y el goce de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental. La intervención implica que la gestión del hospital pasa a manos de un interventor designado por el Poder Ejecutivo, buscando estabilizar su funcionamiento y asegurar la continuidad de los servicios esenciales.
Si bien la medida se presenta como una forma de garantizar el normal funcionamiento y el derecho a la salud de la comunidad, no deja de generar interrogantes sobre la situación interna del hospital y las razones profundas de la crisis que llevó a esta intervención de emergencia. Los usuarios, profesionales y la comunidad en general estarán atentos a los resultados de esta gestión extraordinaria.
El gasto que demande esta intervención será cubierto por las partidas específicas del Ministerio de Salud, lo que indica un compromiso presupuestario para la normalización del organismo. La ratificación del decreto busca dar certeza jurídica a una decisión tomada con urgencia, buscando evitar mayores disrupciones en un área tan sensible como la salud mental.
