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El Ministerio de Capital Humano, bajo la lupa por su reestructuración, oficializa dos designaciones transitorias clave en medio de la reorganización estatal. ¿Estabilidad o precariedad en la función pública?
El Ministerio de Capital Humano, una de las carteras más ambiciosas y controvertidas del actual gobierno, acaba de mover fichas en su tablero interno. Dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial confirman la designación de personal en roles estratégicos, aunque con carácter transitorio. Esto ocurre en un contexto de profunda reestructuración y fusión de ministerios (Educación, Cultura, Trabajo, Desarrollo Social y Mujeres, Géneros y Diversidad), lo que genera incertidumbre sobre el futuro de miles de empleados públicos.
La Resolución 767/2024 designa a María Inés RAMOS (D.N.I. Nº 26.711.405) como Asesora Principal-Responsable de la Agencia Territorial MENDOZA, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esta designación es por CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, con una particularidad: se hace con carácter de excepción a las normativas vigentes sobre cobertura de cargos vacantes. ¿Se prioriza la agilidad sobre los concursos públicos en la nueva era de Capital Humano?
Por otro lado, la Resolución 768/2024 asigna funciones al Sr. Nicolás Rubén RODRÍGUEZ ÁLVAREZ (D.N.I. N° 26.158.069) como Coordinador de Administración de Personal de Niñez, Adolescencia y Familia. Este nombramiento también es transitorio, con un plazo máximo de TRES (3) años, y se realiza con autorización excepcional conforme al artículo 112 del SINEP. El agente, que ya revistaba en la Secretaría de Cultura, ahora asume una función ejecutiva de Nivel IV, lo que implica un incremento en su remuneración.
Estos movimientos, aunque administrativos en apariencia, reflejan la tensión entre la necesidad de operatividad y la búsqueda de eficiencia en un Estado en plena reforma. Para los ciudadanos, es un recordatorio de que la reconfiguración estatal sigue en marcha, y cada nombramiento, por más menor que parezca, impacta en la forma en que se gestionan áreas sensibles como el trabajo, el empleo y las políticas de niñez y adolescencia. La pregunta es: ¿cuántas excepciones más veremos antes de que la planta estatal encuentre su nueva normalidad?
