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El Ministerio de Sandra Pettovello vuelve a ser noticia por una serie de designaciones y prórrogas transitorias de funcionarios. En medio de la promesa de achicar el Estado, los cargos siguen en el aire y con excepciones a la norma.
El Boletín Oficial de hoy nos trae un combo administrativo del Ministerio de Capital Humano, que parece seguir en un constante movimiento de sillas. Se trata de tres resoluciones que, si bien son trámites de rutina, revelan una tendencia preocupante: la prórroga y designación de cargos de forma transitoria, una práctica que se contradice con la tan mentada 'eficiencia' y 'desregulación' estatal.
La Resolución 1138/2025 extiende por 180 días hábiles la designación de la abogada María Lucila MARSILI (C.U.I.L. N° 27-32952373-5) como Directora General de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Lo más llamativo es que esta prórroga se realiza con una 'autorización excepcional' por no reunir la funcionaria los requisitos mínimos del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP). ¿Qué significa esto para la meritocracia que tanto se pregona?
Por otro lado, la Resolución 1139/2025 designa, también de forma transitoria y por 180 días hábiles, al Sr. Daniel Francisco Eliseo PINO ADARO (D.N.I. N° 21.382.326) como Analista Principal – Responsable de la Agencia Territorial San Luis de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esta designación también es una excepción a las normativas vigentes, poniendo en duda la transparencia de los procesos de selección.
Finalmente, la Resolución 1142/2025 designa a la Dra. Antonella BALBIANI NEDER (D.N.I. N° 38.425.605) como Coordinadora de Administración, Registro y Licencias de Personal. Otra vez, una designación transitoria por 180 días hábiles y con carácter de excepción al artículo 14 del SINEP.
"La continuidad de designaciones transitorias con excepciones a la normativa es un síntoma de la dificultad del Estado para consolidar estructuras permanentes y transparentes, generando incertidumbre y erosionando la confianza pública."
¿Qué implicaciones tiene esto? Para el ciudadano común, significa que la tan esperada reorganización del Estado aún está lejos de materializarse en la estabilidad de sus cuadros. La precariedad de los cargos puede afectar la continuidad de las políticas públicas y la eficiencia de la gestión. Todos los cargos deben ser cubiertos por concursos públicos en el plazo de 180 días hábiles, una promesa que veremos si se cumple. Estaremos atentos a futuras publicaciones para ver si estos 'parches' se convierten en soluciones definitivas o si la danza de nombres continúa indefinidamente.
