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El Gobierno nacional vuelve a encender la polémica con dos nuevas designaciones de alto perfil que se realizan con "autorización excepcional" por no cumplir los requisitos mínimos. ¿Prioridad de gestión o flexibilidad excesiva en la función pública?
La transparencia y la idoneidad en la administración pública están nuevamente en el ojo de la tormenta. El Boletín Oficial de hoy revela dos designaciones clave que se concretan con un llamativo aval excepcional, generando interrogantes sobre los criterios de selección en la nueva gestión.
Por un lado, la Resolución 443/2025 del Ministerio de Capital Humano nombra al Contador Público Gustavo Daniel CASENAVE (D.N.I. N° 21.438.279) como Director de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de Niñez, Adolescencia y Familia. Lo más impactante: su designación es "con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos" establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP. Este cargo, vital para el desarrollo de políticas de niñez, estará cubierto transitoriamente por 180 días hábiles, con la promesa de una futura selección que cumpla con las normativas.
En un movimiento similar, la Resolución 61/2025 de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación asigna transitoriamente las funciones de Director Nacional del Registro Oficial al Dr. Walter Rubén GONZALEZ (D.N.I. N° 20.710.691). Aquí, la justificación es la misma: "con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 112 del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial", que detalla los requisitos para acceder a este tipo de cargos. La asignación será por un plazo de hasta tres años.
El Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) establece marcos claros para asegurar que los funcionarios cuenten con la experiencia y formación necesarias para sus roles. Las excepciones, si bien permitidas en casos puntuales, generan suspicacias cuando se aplican a puestos de alta responsabilidad. Para el ciudadano común, esto puede interpretarse como una relativización de la meritocracia o, peor aún, un atajo para designar a personas de confianza sin la calificación formal requerida.
La implicación es clara: la gestión actual parece priorizar la agilidad en la ocupación de cargos por sobre el estricto cumplimiento de las normas de carrera administrativa, lo que podría afectar la calidad y continuidad de las políticas públicas a largo plazo. ¿Es una señal de pragmatismo o de un desprecio por las estructuras burocráticas establecidas? El debate está abierto y la lupa sobre estas designaciones se intensifica.
