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El Ministerio de Economía reajusta el proceso de liquidación de los fondos fiduciarios públicos disueltos, buscando 'optimizar el circuito administrativo' y la transferencia de activos, profundizando la reforma del Estado.
El ministro Luis Caputo mete quinta en la reforma del Estado con la Resolución 1085/2025 del Ministerio de Economía, que actualiza las 'Medidas para la Liquidación de los Fondos Fiduciarios Disueltos'. Esta normativa, que deroga la Resolución 23/2025 y sustituye el anexo de la Resolución 796/2024, busca optimizar el circuito administrativo para el 'desguace' de los controvertidos fondos fiduciarios públicos.
La ley 27.742 ya había autorizado al Poder Ejecutivo a modificar o liquidar estos fondos, y ahora se profundiza ese camino. La clave está en que cada administrador fiduciario deberá informar las erogaciones imprescindibles y las obligaciones contractuales previas a la disolución. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía será la encargada de autorizar las previsiones presupuestarias necesarias para estas obligaciones. Una vez cumplido este paso, la liquidación deberá seguir los mecanismos previstos en cada contrato de fideicomiso, transfiriendo las sumas líquidas, títulos públicos y demás activos financieros.
Esta medida es un claro mensaje de la administración actual para reducir la intervención estatal y transparentar la gestión de fondos que, en muchos casos, fueron blanco de críticas. Para el ciudadano, significa un avance en la consolidación fiscal y una potencial mejora en la eficiencia del manejo de los recursos públicos, aunque el impacto real dependerá de la celeridad y la transparencia con la que se ejecute cada liquidación.
