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El Ministerio de Seguridad le pone la mira a los bolsillos del crimen organizado. Fuerzas federales deberán rastrear fortunas y bienes de origen delictivo, desde el narcotráfico hasta la corrupción, con informes mensuales obligatorios. ¿El fin de la impunidad económica?
La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra el poder económico del crimen organizado. A través de la Resolución 777/2025, se instruye a todas las fuerzas federales –Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF)– a realizar una exhaustiva investigación patrimonial y financiera simultánea y paralela en todos los casos vinculados a la criminalidad organizada.
El objetivo es claro: golpear donde más duele a las organizaciones criminales, en sus finanzas. La medida apunta a delitos como la corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando, terrorismo y su financiamiento. No solo se buscará la prueba del delito principal, sino también identificar y recuperar los bienes de origen ilícito, un mandato alineado con los compromisos internacionales de Argentina ante organismos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera).
Además, la resolución exige que las fuerzas informen mensualmente al Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada sobre la cantidad de investigaciones patrimoniales y financieras realizadas. Esto marca un cambio de paradigma, pasando de una persecución centrada solo en el delito a una que busca desmantelar la estructura financiera detrás de las redes criminales. La iniciativa se basa en la Ley de Seguridad Interior y las competencias del Ministerio, buscando fortalecer la coordinación con el Ministerio Público Fiscal, que ya había impulsado investigaciones patrimoniales con la Resolución PGN N° 58/24. Es una señal fuerte de que la lucha contra la delincuencia organizada ahora tiene un frente económico prioritario.
