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El Ministerio de Seguridad Nacional lanzó una ofensiva sin precedentes, ofreciendo hasta 10 millones de pesos a quienes aporten datos cruciales para capturar a dos criminales con órdenes de detención nacional e internacional por delitos que van desde lavado de activos hasta abuso sexual agravado. ¡La sociedad es clave en esta cruzada por la justicia!
El Boletín Oficial sacudió la modorra con dos resoluciones del Ministerio de Seguridad Nacional que ponen en juego cifras impactantes para atrapar a criminales prófugos. La primera, Resolución 87/2026, fija una recompensa de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) por Maximiliano Ariel LIQUITAY, un argentino buscado por lavado de activos agravado. LIQUITAY, DNI N° 38.976.415, nacido el 10 de julio de 1995, tiene una orden de captura nacional e internacional desde enero de 2024. Su último domicilio conocido es en Córdoba, y la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA lidera la causa.
Pero la noticia más escalofriante llega con la Resolución 88/2026, que eleva la apuesta a DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) por Sergio Eduardo GIMÉNEZ, DNI N° 26.348.802, condenado a 15 años de prisión por el horrendo delito de abuso sexual agravado y corrupción de menores contra sus propios hijos. Este individuo, nacido el 7 de noviembre de 1977, tiene órdenes de captura desde 2015 y sus últimos domicilios conocidos son en Paraguay. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15 solicitó esta medida para llevarlo ante la justicia.
"La sociedad tiene una herramienta poderosa para colaborar con la justicia y limpiar las calles de estos personajes nefastos", afirmó una fuente cercana al Ministerio.
Ambas resoluciones instan a la población a comunicarse de forma anónima a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas. La identidad de los informantes será preservada, garantizando seguridad y confidencialidad. Estas medidas demuestran la firme decisión del Estado de utilizar todos los recursos disponibles para garantizar la seguridad y hacer cumplir la ley, especialmente en casos de alta sensibilidad social como el abuso sexual de menores y el crimen organizado.
