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El Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense aprueba las rendiciones de Chascomús y General Viamonte, pero no sin antes aplicar duras sanciones a sus intendentes y funcionarios por graves incumplimientos formales y financieros.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ha emitido fallos cruciales sobre las rendiciones de cuentas de las municipalidades de Chascomús y General Viamonte correspondientes al ejercicio 2024. Si bien las rendiciones fueron aprobadas, las resoluciones no estuvieron exentas de fuertes sanciones a los máximos responsables, revelando un persistente problema de incumplimientos en la gestión pública local.
En el caso de la Municipalidad de Chascomús, el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición, pero aplicó una amonestación al Intendente Municipal, Javier Gastón. La sanción se debe a "incumplimientos de las formalidades legales y reglamentarias", un detalle que, aunque no implica un perjuicio económico directo, subraya la falta de rigor administrativo en la gestión.
La situación fue más severa para la Municipalidad de General Viamonte. Aquí, las sanciones escalaron a multas económicas significativas: el Intendente Franco Ariel Flexas fue multado con $350.000,00, y el Jefe de Compras, Daniel Alberto Verna, con $300.000,00. Además, la Tesorera Municipal, Claudia Marisa Velázquez, recibió una amonestación, y la Contadora Municipal, María Lourdes Zaccardi, un llamado de atención. Estas multas se fundamentan en "considerandos" que detallan graves irregularidades, aunque el texto del Boletín no especifica su naturaleza exacta, dejando un velo de misterio sobre los manejos financieros que llevaron a estas penalidades. El Tribunal también mantuvo en suspenso un pronunciamiento sobre otra materia, advirtiendo que varios funcionarios "no deberán considerarse exentos de responsabilidad" hasta una resolución definitiva.
Estos fallos son un claro mensaje del órgano de control: la aprobación de las cuentas no implica impunidad ante las falencias. La fiscalización busca garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, y las sanciones a intendentes y sus equipos demuestran que el Tribunal no duda en aplicar su poder cuando detecta desvíos o negligencias. Los municipios tienen la posibilidad de recurrir estas decisiones, pero el estigma de la amonestación o la multa ya está sobre sus gestiones.
