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La Corte Suprema de Justicia fijó un presupuesto de más de $378 mil millones para 2026, desafiando los 'techos' del Ejecutivo y reclamando autonomía. ¿Se viene una nueva batalla por el control de la caja del Estado?
En un claro mensaje de independencia y con un ojo puesto en la autarquía financiera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de fijar su presupuesto de gastos para el ejercicio 2026 en la monumental cifra de $378.087.606.265. Esto no es un mero trámite administrativo; es una declaración de principios que choca de frente con los 'techos presupuestarios' que, según la propia Corte, fueron comunicados por la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y resultan 'insuficientes' para cubrir sus necesidades mínimas.
La Acordada 26/2025 detalla un plan de gastos que incluye la planta de personal (con 4.732 cargos), bienes de consumo, servicios no personales e inversiones. Se prevén fondos para el reacondicionamiento y mantenimiento del Palacio de Justicia, considerado monumento histórico, y también para la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), una pieza clave en la lucha contra el delito organizado.
La Corte no solo exige sus recursos, sino que también reclama la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores y los aportes de la Ley 23.853, buscando garantizar la 'plena autonomía presupuestaria'. Este movimiento se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal por parte del Poder Ejecutivo y plantea una potencial tensión entre poderes por la asignación de recursos. Para el ciudadano de a pie, la discusión es sobre la eficiencia del gasto judicial y cómo se garantiza un servicio de justicia sin que los costos se disparen, especialmente cuando la propia Corte advierte sobre la insuficiencia de fondos para una 'indelelegable misión de administrar justicia'.
