¡Cierre de Cuentas COVID! ¿Quién Paga la Fiesta de las Obras Sociales?

¡Bomba en el Boletín! Después de años de incertidumbre, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha puesto fin a un capítulo financiero turbulento, aprobando el análisis de los adelantos millonarios que se giraron a las Obras Sociales durante la peor etapa de la pandemia de COVID-19. Esta Resolución 1460/2025, firmada por el Superintendente Claudio Adrián Stivelman, es el broche de oro a una gestión de fondos que, en su momento, fue vital para evitar el colapso del sistema sanitario.

¿Qué se resolvió y por qué es importante?

La SSS analizó los pagos a cuenta realizados entre 2020 y 2022 a 126 Obras Sociales, bajo el entonces denominado Sistema Único de Reintegros (S.U.R.), hoy S.U.R.G.E. Estos adelantos, que alcanzaron la friolera de $39.082 millones de pesos, se otorgaron en un contexto de emergencia sanitaria (Ley N° 27.541 y DNU N° 297/2020), con el objetivo de sostener la atención médica ante la falta de recursos humanos y la profunda crisis económica del sector. La idea era simple: garantizar que los beneficiarios tuvieran cobertura en plena pandemia.

Ahora, el organismo de control instruye a su Gerencia de Administración a transferir los saldos adeudados. Y acá viene lo impactante: luego de mover miles de millones en anticipos y practicar detracciones por una cifra similar, el saldo final a favor de los Agentes del Seguro de Salud es de apenas $6.679.358,81. Sí, ¡seis millones de pesos! Una cifra que parece una propina comparada con el volumen de fondos manejados. Esto plantea preguntas sobre la eficiencia de la gestión o si la mayoría de los anticipos fueron correctamente justificados y compensados con detracciones a lo largo de los años. Para los ciudadanos, significa una rendición de cuentas sobre cómo se usaron los recursos públicos en una crisis sin precedentes.

"La presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nros. 1615 del 23 de diciembre de 1996, 2710 del 28 de diciembre de 2012 y 440 del 27 de junio de 2025."

Este acto administrativo, aunque técnico, cierra un capítulo crucial en la financiación del sistema de salud durante la pandemia, trayendo un poco de claridad a cómo se manejaron las arcas públicas en tiempos desesperados. Es un recordatorio de la magnitud de la crisis y la necesidad de transparencia en el uso de los fondos.