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Tres agentes civiles de la Armada Argentina ven rechazados sus recursos jerárquicos contra un reencasillamiento de 2017. El Gobierno ratifica la aplicación estricta de la normativa, dejando a los empleados sin opciones administrativas y con la vía judicial como única esperanza.
El Ministerio de Defensa, con el aval del Presidente, ha emitido tres decretos (661/2025, 662/2025 y 663/2025) que ponen fin a años de reclamos de personal civil de la Armada Argentina. Cristian Raúl GARCÍA (D.N.I. Nº 23.209.666), Benedicta Cristina MARZULLO (D.N.I. Nº 14.934.657) y Néstor Daniel SORIA (D.N.I. Nº 14.399.631) vieron rechazados sus recursos jerárquicos contra la Resolución del Ministerio de Defensa N° 614/17, que estableció su reencasillamiento en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El reencasillamiento es el proceso por el cual el personal es ubicado en los nuevos agrupamientos, niveles y grados de un convenio colectivo. En este caso, la Resolución 614/17 de 2017 reubicó a gran parte del personal civil de la Armada. García, Marzullo y Soria alegaron haber sido erróneamente clasificados en sus respectivos agrupamientos, niveles y grados (Técnico Nivel IV Grado 9, Mantenimiento y Servicios Nivel V Grado 9, y Técnico Nivel V Grado 13, respectivamente).
Sus argumentos se basaron en su antigüedad en la administración pública nacional y sus niveles de estudio y funciones. Por ejemplo:
La administración, sin embargo, fue inflexible. Tras analizar los antecedentes y aplicar los artículos 132 a 141 del Convenio Colectivo (homologado por Decreto N° 2539/15) y la Resolución del Ministerio de Defensa N° 1385/15, se determinó que el reencasillamiento fue "correctamente realizado". Se consideraron la categoría de revista al 30 de junio de 2015 (luego modificada al 31 de octubre de 2016) y la experiencia laboral dividida por 36 meses para el cálculo del grado.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a través de la Oficina Nacional de Empleo Público, y los servicios jurídicos de la Armada y Defensa, avalaron la decisión. Estos decretos agotan la vía administrativa para los tres agentes, quienes ahora tienen 180 días hábiles para recurrir a la justicia. La medida subraya la determinación del Gobierno de adherirse estrictamente a las normativas vigentes en materia de empleo público, incluso frente a reclamos de larga data. Para los trabajadores, esto significa que las esperanzas de una recalificación administrativa se desvanecen, obligándolos a buscar amparo en el ámbito judicial, donde la interpretación de estas complejas normativas será clave.
Para estar informado: Si usted es personal civil de las Fuerzas Armadas, revise su propio encasillamiento y esté atento a los resultados de posibles acciones judiciales que puedan surgir de estos casos, ya que podrían influir en futuras revisiones.
