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El Congreso de la Nación rechazó un decreto presidencial que reorganizaba la Junta de Seguridad en el Transporte, restituyendo su estructura original y dejando sin efecto el pase a disponibilidad de su personal. ¡Una victoria del Poder Legislativo!
¡Victoria legislativa con sabor a revancha! En una movida que marca un fuerte contrapunto al Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación ha asestado un golpe decisivo. La Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que había sido desmantelada y transformada por un decreto presidencial, ¡vuelve a la vida! y, con ella, el personal que había sido puesto en disponibilidad.
Todo comenzó con el Decreto N° 461/2025, que pretendía reorganizar la JST, un organismo clave en la investigación de accidentes, convirtiéndola en la AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN. Este cambio no solo modificaba la estructura, sino que llevó al pase a disponibilidad de su personal permanente, generando un profundo malestar y una gran incertidumbre laboral.
Pero el Honorable Congreso de la Nación, a través de sus dos Cámaras, dijo '¡Basta!'. Utilizando la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley N° 26.122, rechazó el decreto presidencial, dejando sin efecto toda la reestructuración. La Resolución 221/2025 de la JST es el acto administrativo que concreta esta reversión, dejando sin efecto la Disposición N° 1 que había dejado a los empleados en el limbo.
Este episodio es un claro ejemplo de los frenos y contrapesos de la democracia argentina. El Congreso, al rechazar el decreto, no solo defendió su rol en la formulación de políticas públicas, sino que también protegió la estabilidad laboral de un grupo de empleados públicos. Para los trabajadores de la JST, la noticia es un alivio enorme, ya que se restituye su situación previa y se anulan las consecuencias de la polémica reestructuración.
"El Poder Legislativo Nacional [...] dispuso el rechazo, en los términos del artículo 24 de la ley N° 26.122, entre otros, del referido decreto N° 461/2025."
Para el ciudadano común, esta resolución significa que un organismo vital para la seguridad en el transporte, encargado de investigar accidentes e incidentes, recupera su estructura y funcionamiento original, lo que podría interpretarse como una garantía de continuidad y experiencia en un área tan sensible. Además, es un recordatorio de que las decisiones del Ejecutivo pueden ser auditadas y, en ocasiones, revertidas por el Poder Legislativo.
