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ANMAC lanza nuevas normas que simplifican trámites pero exigen una férrea actualización de datos psicofísicos y disciplinarios del personal armado. ¿Más seguridad o burocracia para los uniformados?
El REGISTRO NACIONAL DE ARMAS (RENAR/ANMAC) ha puesto en marcha la Resolución 17/2025, una normativa que promete sacudir los cimientos del control de armas para las Fuerzas Armadas y de Seguridad de todo el país. Esta movida, que reglamenta los Decretos N° 409/25 y 445/25, busca unificar y simplificar los procedimientos de registro y fiscalización del armamento institucional y personal, pero con una vuelta de tuerca: mayor exigencia y responsabilidad para las propias fuerzas.
La norma aprueba instructivos para el alta y baja de material institucional y para la obtención de la condición de legítimo usuario y portación para el personal en actividad y retiro de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA, Servicio Penitenciario Federal, Fuerzas Armadas, y Policías y Servicios Penitenciarios Provinciales y de CABA. La novedad más relevante es que las instituciones deberán informar y mantener actualizada, de forma permanente, la situación psicofísica, disciplinaria y patrimonial de su personal armado.
Para el personal en actividad, las credenciales de legítimo usuario y portación no fenecerán si se mantienen los requisitos actualizados. Pero, ¡ojo!, los que hayan sido exonerados o dados de baja por sanciones disciplinarias no podrán acceder ni mantener la condición de legítimo usuario. Esto es un golpe a la impunidad interna y busca asegurar que solo personal idóneo porte armas.
Los miembros de las fuerzas tienen SESENTA (60) días corridos desde la publicación para enrolarse individualmente en mirenar.minseg.gob.ar y declarar sus datos. Las instituciones, por su parte, disponen de NOVENTA (90) días corridos para informar las condiciones psicofísicas y la situación de revista de sus efectivos. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de las fuerzas implicará responsabilidad administrativa para los funcionarios a cargo. Esta medida busca mayor transparencia y un control más férreo sobre las armas en manos de quienes deben velar por nuestra seguridad.
