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El crucial organismo de identificación genética pasa de autárquico a desconcentrado, prometiendo resguardar su autonomía técnica pero generando interrogantes sobre la verdadera intención detrás de esta movida.
Un nuevo capítulo en la reestructuración del Estado se escribe con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) como protagonista. El Decreto 583/2025, publicado hoy, oficializa la transformación del BNDG de un organismo autónomo y autárquico a uno desconcentrado, bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esta medida, amparada en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, levanta cejas y genera debate sobre el futuro de una institución con una misión tan delicada y sensible.
Históricamente, el BNDG fue creado por la Ley Nº 23.511 con el objetivo de obtener y almacenar información genética para facilitar la determinación y el esclarecimiento de conflictos de filiación, un rol clave en la búsqueda de la verdad y la identidad, especialmente en casos de derechos humanos. Su condición de organismo autárquico le otorgaba una independencia operativa y presupuestaria fundamental para su funcionamiento. Ahora, al pasar a ser desconcentrado, si bien se mantiene dentro de la Administración Pública, queda más directamente supeditado a las directrices y supervisión del poder central.
El decreto asegura que esta adecuación busca “asegurar su sostenibilidad operativa y un adecuado cumplimiento de sus fines específicos, sin que ello implique una afectación de su autonomía técnica ni de los principios que rigen su funcionamiento”. Sin embargo, la historia nos enseña que los cambios en el estatus de organismos tan cruciales suelen abrir la puerta a potenciales injerencias políticas o presupuestarias que, a la larga, podrían comprometer la especificidad técnica y científica que tanto se promete resguardar. La supervisión explícita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología sobre el accionar del BNDG, si bien busca "fortalecer institucionalmente", también implica una mayor cercanía al control ejecutivo.
Para los ciudadanos, especialmente para aquellos que recurren al BNDG en la búsqueda de su identidad o la de sus familiares, esta modificación genera un manto de incertidumbre. Aunque el decreto enfatiza el resguardo de la inviolabilidad, integridad y confidencialidad de la información, la mayor dependencia jerárquica podría, a futuro, ser percibida como una vulnerabilidad. La clave estará en cómo se materializa esta supervisión y si, en efecto, la autonomía técnica y científica del Banco permanece intocable, o si esta "adecuación" es el primer paso hacia un control más férreo sobre una de las instituciones más sensibles del país.
