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El Ministerio de Justicia lanza un *Registro de Sociedades de Gestión Colectiva* y endurece la fiscalización sobre quienes administran los derechos de creadores. ¿Más transparencia o mayor control estatal sobre la cultura?
¡Atención, artistas y creadores! El Ministerio de Justicia, bajo la batuta de Mariano Cúneo Libarona, aprieta las clavijas a las sociedades que administran los derechos de autor y conexos. La flamante Resolución 536/2025, que entra en vigencia al día siguiente de su publicación, crea el 'REGISTRO DE SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS' en la órbita de la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
Este esquema busca mayor transparencia y control sobre la recaudación y distribución de regalías. Las sociedades que gestionan derechos (como SADAIC o AADI-CAPIF) deberán pasar por un riguroso proceso de autorización, presentando la solicitud vía Trámites a Distancia (T.A.D.). ¡Atención! No habrá silencio positivo: si la Dirección Nacional no responde en 60 días hábiles, la solicitud no se considera aprobada. Las entidades ya existentes serán incorporadas de oficio, pero deberán cumplir con todas las nuevas obligaciones.
La medida impone una fiscalización más estricta. Las sociedades deberán informar modificaciones estatutarias o reglamentarias en plazos muy acotados (entre 20 y 30 días), y se exigirá una declaración jurada anual con información detallada de sus balances. La Dirección Nacional tendrá amplias facultades de inspección y vigilancia, pudiendo impulsar la suspensión o revocación de la autorización si hay incumplimientos. Esto podría generar un cimbronazo en el sector cultural, forzando a las entidades a una profunda revisión de sus procesos.
Como novedad, la Resolución instruye a crear un procedimiento de mediación para resolver amistosamente las controversias entre usuarios (radios, canales, plataformas) o cámaras sectoriales y las sociedades de gestión. Esta iniciativa, que se apoya en el Decreto N° 138/2025, busca poner orden en un ámbito históricamente complejo, a menudo cuestionado por su opacidad. ¿Será el fin de la 'caja negra' o el inicio de una burocracia sofocante para los gestores culturales y los artistas?
