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El Ministerio de Seguridad aprueba un protocolo clave para que las fuerzas federales identifiquen y secuestren pruebas de criptoactivos en allanamientos. ¿El fin de la impunidad digital?
El Ministerio de Seguridad ha dado un golpe estratégico en la lucha contra el crimen organizado y el ciberdelito con la aprobación de la Resolución 117/2025. Se trata del "PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN DESTINADO A PRIMEROS INTERVINIENTES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SECUESTRO DE POTENCIALES ELEMENTOS DE PRUEBA DE CRIPTOACTIVOS", una herramienta fundamental para que las fuerzas policiales y de seguridad federales puedan operar eficazmente en la escena del hecho frente a la creciente complejidad de los delitos financieros con criptomonedas.
Este protocolo, de aplicación obligatoria para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario, busca estandarizar y agilizar los procedimientos de identificación, resguardo, trazabilidad y cadena de custodia de la evidencia digital relacionada con criptoactivos. La necesidad surge de la realidad: cada vez es más común encontrar estos activos en allanamientos, y su naturaleza volátil y descentralizada exige una respuesta rápida y especializada para evitar la pérdida o alteración de pruebas.
Desarrollado en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público Fiscal y con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), este protocolo marca un antes y un después. No solo fortalecerá las capacidades de investigación y persecución de delitos como el lavado de dinero, el fraude y la financiación del terrorismo a través de criptoactivos, sino que también invita a las jurisdicciones provinciales a adherir, buscando una respuesta unificada a nivel nacional.
"...la práctica demuestra la necesidad de actuar en la escena del hecho de manera rápida con el fin de evitar la alteración de los elementos de prueba o la transferencia indebida de los fondos que genere la pérdida de los mismos."
La medida es un reconocimiento explícito del papel fundamental que los criptoactivos han adquirido en la economía global, tanto para oportunidades legítimas como para actividades ilícitas. Para los ciudadanos, implica una mayor capacidad del Estado para combatir el crimen financiero digital, aunque también plantea el desafío de la privacidad y la seguridad de los activos digitales. Estar informado y cumplir con las regulaciones será más importante que nunca.
