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El Ministerio de Salud dispuso la intervención del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte" por un año, ante una crítica "acefalía" de autoridades y motivos de "público conocimiento".
Un verdadero cimbronazo sacude al ámbito de la salud mental. El Ministerio de Salud, a través de la Resolución 360/2025 del 22 de enero de 2025, ha decretado la intervención por el plazo de UN (1) año del emblemático Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”. La medida, que se dicta ad-referéndum de su aprobación por el Poder Ejecutivo Nacional, busca poner fin a una grave situación de "acefalía en materia de autoridades asistenciales" que, según el comunicado, "atenta contra el cumplimiento de la Ley N° 26.657 y que impide el normal funcionamiento del citado Hospital, afectando su operatividad".
El Dr. Christian Francisco BALDINO (D.N.I N° 21.467.138), quien se encontraba de licencia, vio limitadas sus funciones como Director. Asimismo, se aceptó la renuncia del Dr. Germán Esteban GUARINO al cargo de Director Asistente de Salud Mental y Adicciones. En su lugar, el Dr. Mariano Bruno PIROZZO (D.N.I. N° 27.566.882), con probada idoneidad, ha sido designado como Interventor General, asumiendo todas las facultades inherentes a los órganos superiores de conducción. Previamente, se aceptó la renuncia del Dr. Pirozzo a su cargo en el Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”.
"La intervención es una medida de urgencia para garantizar la atención de los pacientes y normalizar la gestión de una institución clave en la salud mental de nuestro país."
Esta decisión se justifica por "motivos de público conocimiento" y la necesidad de una "acción inmediata" para asegurar la operatividad del Hospital. Para el ciudadano, la intervención de un hospital tan sensible como el Bonaparte, dedicado a la salud mental y adicciones, es una noticia de alta relevancia. Implica un reconocimiento de una crisis institucional que afecta directamente a los pacientes y sus familias, y una apuesta estatal por reencauzar la gestión y garantizar los derechos que consagra la Ley de Salud Mental.
