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Ante la 'emergencia' y la 'saturación' de la red, la Secretaría de Energía revoluciona el transporte eléctrico: concesiones, prioridades de uso y más incentivos para la inversión privada. ¿El fin de los apagones o el inicio de una privatización masiva?
¡La Argentina está en emergencia energética! La Resolución 311/2025 de la Secretaría de Energía es un grito desesperado del Gobierno para atraer inversiones privadas y evitar el colapso del sistema de transporte eléctrico. Con la 'emergencia' declarada hasta julio de 2026 y un diagnóstico lapidario de 'deficiencias estructurales' y 'saturación' en regiones clave como el AMBA, NOA y NEA, se busca evitar nuevos apagones masivos.
La medida es un verdadero terremoto regulatorio. Se incorpora la Concesión de Obra Pública como modalidad para las ampliaciones del sistema, permitiendo que empresas privadas construyan, operen y mantengan la infraestructura, y cobren una tarifa por ello. Además, se amplía el abanico de actores que pueden realizar 'ampliaciones por contratos entre partes', otorgándoles una prioridad de uso de hasta el 90% de la capacidad a construir por la vida útil del proyecto. ¡Una auténtica alfombra roja para el capital privado!
Pero hay más: se flexibilizan los requisitos para proyectos de energías renovables (MATER) que inviertan en ampliaciones de transporte. Ahora podrán tener prioridad de despacho por diez años y, en casos excepcionales, ser eximidos de pagos si demuestran un 'incremento relevante de la capacidad' o 'beneficios adicionales significativos'. Esto busca destrabar inversiones que estaban frenadas por la burocracia y las limitaciones previas. La CAMMESA, la 'Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima', será clave para identificar a los 'usuarios beneficiarios' de estas obras. ¿Será esta la chispa que encienda la tan ansiada modernización energética o el preludio de un sistema dominado por intereses privados con tarifas impagables para el ciudadano de a pie?