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El Ministerio de Defensa desestimó el recurso de reconsideración de María Julia Santillán, una agente civil de la Armada, que buscaba un reencasillamiento escalafonario superior. Un caso que sienta precedente en la burocracia estatal.
El Ministerio de Defensa ha dictado un fallo contundente en un caso que resalta la rigidez de la burocracia estatal. Mediante la Resolución 69/2025, se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la agente civil María Julia SANTILLAN (DNI N° 29.045.977), quien reclamaba un reencasillamiento en un nivel superior dentro de la Armada Argentina.
Santillán, abogada de profesión, consideraba que había sido "erróneamente reencasillada" en el Agrupamiento Profesional - Nivel III – Grado 1, argumentando que sus funciones, actividades y antecedentes la hacían merecedora del Nivel I – Grado 2. La agente buscaba una "igualdad" de condiciones con otros abogados que, según ella, realizaban las mismas tareas en la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ).
El Ministerio, basándose en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2539/15, y en la antigüedad de la agente (que al 31 de octubre de 2016 sumaba 3 años, 10 meses y 28 días), concluyó que su reencasillamiento original fue correcto. La resolución destaca que no se encontraron elementos que justifiquen modificar el criterio inicial, y que el acto administrativo de 2017 no contenía vicios esenciales.
"...careciendo este último de vicio alguno en sus elementos esenciales que pudieran determinar su revocación parcial o total, corresponde rechazar el recurso de reconsideración incoado."
Este caso es un ejemplo de las complejidades del régimen de empleo público y de las batallas individuales que a menudo se libran dentro de la administración. Aunque es un asunto particular, refleja las dificultades que pueden enfrentar los empleados al intentar modificar su situación escalafonaria, incluso cuando perciben una inequidad.
Para los ciudadanos, este tipo de resoluciones subraya la importancia de entender los convenios colectivos y los reglamentos de procedimientos administrativos, ya que son las herramientas que rigen la vida laboral en el Estado. La decisión del Ministerio es firme, pero la agente aún cuenta con un plazo de cinco días para ampliar los fundamentos de su recurso, una última oportunidad para intentar revertir el fallo.
¡Atención! El "Reglamento de Procedimientos Administrativos" (Decreto 1759/72 T.O. 2017) es la biblia para este tipo de reclamos, y conocerlo es fundamental para cualquier agente público que busque defender sus derechos.
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