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El Ministerio de Capital Humano recibe una millonaria partida de mercadería de rezago aduanero para asistencia social. Una jugada burocrática clave para transformar bienes incautados en ayuda directa para quienes más lo necesitan.
En una movida que busca inyectar recursos donde más se necesitan, el Gobierno Nacional, a través de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, ha dispuesto la cesión sin cargo de un importante lote de mercaderías de rezago aduanero al Ministerio de Capital Humano. Esta medida, enmarcada en la Ley N° 25.603, tiene como objetivo principal asistir a personas en situación de extrema vulnerabilidad en todo el país. Es un claro ejemplo de cómo la burocracia puede, a veces, volverse una herramienta para el bienestar social.
Básicamente, bienes que fueron incautados por la Aduana de Buenos Aires –y que por su naturaleza no pueden ser comercializados por CINCO (5) años– ahora serán canalizados hacia la Dirección Nacional de Políticas de Integración y Protección Social. Esto podría incluir desde alimentos y vestimenta hasta insumos básicos, dependiendo de lo que se haya acumulado en los depósitos aduaneros tras diversas incautaciones. Es un mecanismo que el Estado utiliza para no desperdiciar recursos y darle un fin social a lo que de otra manera quedaría en stock y se deterioraría. Esta acción busca una asignación eficiente de activos estatales para paliar necesidades urgentes.
La Dirección Nacional de Políticas de Integración y Protección Social, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, deberá informar la fecha estimada de retiro de la mercadería en un plazo de DIEZ (10) días y, crucialmente, presentar un inventario de conformidad o rechazo en NOVENTA (90) días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial. Si no se retira o se manifiesta el rechazo en ese plazo, la cesión se cae, y los bienes podrían quedar en un limbo burocrático, perdiendo su potencial impacto social.
"La presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la Ley N° 25.603", reza el documento oficial, dejando claro el marco legal que sostiene esta transferencia y la importancia de seguir los procedimientos para asegurar la transparencia y efectividad de la entrega.
Esta disposición, aunque parece un mero trámite administrativo, es fundamental para que los bienes confiscados cumplan un rol social. Es una forma de transformar el 'problema' de la mercadería en desuso en una solución para los sectores más golpeados de la sociedad argentina.
