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La Agencia Nacional de Discapacidad aprueba un nuevo baremo para evaluar la invalidez laboral, generando incertidumbre y preocupación entre quienes dependen de las pensiones no contributivas. ¿Más rigor o más obstáculos?
Una medida de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está generando un fuerte revuelo y preocupación en un sector vulnerable de la sociedad. La Resolución 187/2025 aprueba un nuevo baremo para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral. Este nuevo instrumento será la guía para determinar si una persona cumple el requisito de tener una "disminución del SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66 %) o más en la capacidad laborativa" para acceder a la pensión.
Lo más impactante es que este baremo se aplicará a todos los trámites, tanto los que se inicien a partir de la firma de la resolución como aquellos que ya se hayan iniciado con anterioridad, e incluso en las revisiones y auditorías de pensiones ya otorgadas. Esto significa que miles de personas que están esperando una resolución o que ya son beneficiarias podrían ver su situación reevaluada bajo criterios potencialmente más estrictos.
La ANDIS argumenta que la medida se basa en recomendaciones internas y busca establecer lineamientos claros para el análisis del grado de invalidez laboral. Sin embargo, en un contexto de ajuste fiscal y revisión de programas sociales, la implementación de un nuevo baremo genera el temor de que se endurezcan las condiciones de acceso, dejando a muchos sin un ingreso vital.
"El Certificado Médico Oficial (CMO) contemplará las condiciones de salud, los detalles de las causales de incapacidad laboral y el contexto socioeconómico del solicitante."
La importancia de este cambio radica en que la pensión no contributiva por invalidez laboral es un sostén fundamental para personas sin recursos propios e imposibilitadas para trabajar. La aplicación retroactiva y la revisión de casos existentes son puntos críticos que requerirán especial atención y transparencia por parte de la autoridad. Los afectados y las organizaciones que los representan deberán estar muy alertas a la implementación de esta nueva normativa.
