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La energía de la Central Hidroeléctrica Yacyretá se facturará a USD 28/MWh a partir del 11 de junio, buscando la sostenibilidad financiera de la EBY y eliminando la necesidad de subsidios del Tesoro Nacional.
La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, ha oficializado un cambio trascendental en la facturación de la energía generada por la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). A través de la Resolución 288/2025, se establece un valor unificado y provisorio de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTIOCHO POR MEGAVATIO HORA (USD 28/MWh) para la energía entregada al SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI), con vigencia desde el 11 de junio de 2025.
Este movimiento, enmarcado en el “ACTA ACUERDO ENTRE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ, LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE ENERGÍA Y MINERÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA”, busca un quiebre radical con el pasado. El gobierno argumenta que este nuevo esquema permitirá a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cubrir sus costos operativos, de mantenimiento y sus ambiciosos planes de inversión (como la rehabilitación de la central y la ampliación de Aña Cuá) sin depender de los subsidios del Tesoro Nacional. Se acabó el "déficit cero" a costa del contribuyente, prometen desde la cartera económica.
Hasta ahora, el Estado argentino había cargado con diferencias tarifarias, lo que generaba un drenaje constante de recursos. Con esta medida, esas diferencias se registrarán como "créditos compensables" frente al Estado, en un intento por sanear las cuentas de la binacional. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) será la encargada de aplicar este valor, convertido a pesos al tipo de cambio de referencia “A 3500” del Banco Central, vigente al día de vencimiento de la obligación.
Mientras los servicios de reserva y cargos de gestión no contemplados en el acuerdo seguirán reconociéndose bajo la normativa anterior, la dolarización de la tarifa de Yacyretá es un claro mensaje de la política económica actual: mayor previsibilidad para los despachos energéticos y un adiós a la injerencia directa del Tesoro en el financiamiento de las grandes obras. ¿Se trasladará este costo a la factura final de los consumidores? Esa es la pregunta del millón que aún resuena en el aire.
