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El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) sacude su organigrama con nuevos nombramientos transitorios y la designación de un comité *ad-honorem* para películas documentales. ¿Aire fresco o más burocracia en el cine nacional?
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ese bastión de nuestra cultura, también está en plena ebullición administrativa. Dos resoluciones recientes del Boletín Oficial muestran un movimiento de fichas en sus cúpulas y la conformación de un comité clave para el cine documental.
Por un lado, la Resolución 52/2026 trae cambios en la Gerencia de Políticas Públicas. El Sr. José Luis PELAZAS (DNI 26.998.802) deja su puesto de Jefe de la Unidad de Enlace para asumir, con carácter transitorio, como Coordinador de Festivales y Convenciones. A su vez, la Sra. Sofía OLIVERI ORTIZ (DNI 33.210.771) tomará las riendas de la Jefatura de la Unidad de Enlace e Integración Gerencial, también de forma transitoria. La Lic. Laura KEEGAN ANTA PAZ (DNI 29.317.394) finaliza sus funciones como Coordinadora de Festivales y Convenciones y regresa a tareas en la Film Commission. Estos movimientos, efectivos desde el 1° de marzo de 2026 y hasta el 11 de junio de 2026, son presentados como una optimización del funcionamiento administrativo y no implican mayores costos, siendo una excepción a las restricciones impuestas por el Decreto N° 934/2025. ¡Parece que la flexibilidad en los nombramientos es la nueva regla para mantener la máquina estatal andando!
Por otro lado, la Resolución 54/2026 revela la designación del nuevo COMITÉ DE PELÍCULAS DOCUMENTALES TERMINADAS. Este comité, clave para la calificación de proyectos que aspiran a obtener beneficios de la Ley de Cine, estará integrado por Mario Damián VERON (DNI 26.630.929), Silvana Laura DIAZ (DNI 22.089.006) y Paula Fabiana ZYNGIERMAN (DNI 17.606.939). Lo más notable es que estos miembros ejercerán sus funciones ad-honorem por un período de seis meses. El INCAA destaca que la selección se realizó mediante un "sorteo digital abierto y transparente", buscando brindar claridad a los beneficiarios de la Ley de Cine. Esto es fundamental para garantizar la equidad en un sector que depende en gran medida del apoyo estatal. En un contexto de revisión del gasto público, la designación ad-honorem de un comité tan importante podría interpretarse como un intento de mantener la actividad con recursos mínimos, pero ¿será suficiente para sostener la calidad y diversidad del cine documental argentino?
