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Dos agentes civiles de las Fuerzas Armadas ven frustrados sus recursos jerárquicos por reencasillamientos de 2017. Una muestra de la rigidez de los procedimientos administrativos y el fin de la vía legal en estos casos.
En un golpe seco para dos empleados civiles de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Nación ha rechazado sendos recursos jerárquicos, agotando así la vía administrativa para sus reclamos de reencasillamiento. Estos casos exponen la rigidez y la complejidad de los procedimientos internos del Estado.
El primer caso involucra a Rubén Hugo GONZALEZ (D.N.I. Nº 16.305.572), agente civil de la Armada Argentina, quien apeló su reencasillamiento en el Agrupamiento Técnico, Nivel IV, Grado 11, establecido en 2017. González argumentaba un error en su asignación de nivel y grado, pero la administración, tras un análisis exhaustivo de su antigüedad y categoría, ratificó la decisión original.
El segundo expediente es el de Nicolás José OMAECHEVARRÍA (D.N.I. N° 32.365.636), personal civil del Ejército Argentino, quien también impugnó su reencasillamiento en el Agrupamiento Producción, Nivel VII, Grado 2, también de 2017. Omaechevarría basaba su reclamo en su titulación y antigüedad, pero el Gobierno concluyó que la aplicación de las normativas vigentes fue correcta.
El rechazo de estos recursos significa que el Poder Ejecutivo Nacional considera que las clasificaciones se realizaron conforme a la normativa del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Decreto N° 2539/15). Para los afectados, esto es una noticia desalentadora, ya que se agota la instancia administrativa y ahora solo les queda la vía judicial, con un plazo de 180 días hábiles para iniciar acciones.
Estos decretos son un claro mensaje sobre la firmeza del Estado en la aplicación de sus propios marcos normativos de personal, incluso frente a reclamos de larga data. Para los miles de empleados públicos, es un recordatorio de que los cambios de reencasillamiento pueden ser procesos complejos y que las apelaciones suelen tener un camino arduo.
"La administración pública es un gigante con reglas férreas; la lucha por un cambio de categoría puede ser una odisea."
Para otros empleados en situaciones similares, es fundamental revisar a fondo los convenios colectivos y los procedimientos, y en caso de disconformidad, considerar la asesoría legal para evaluar la viabilidad de una acción judicial.
