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Cinco decretos presidenciales confirman la postura dura del Ministerio de Defensa, cerrando la vía administrativa a personal civil de la Armada que buscaba mejorar su encasillamiento escalafonario de 2017. ¿Justicia o burocracia ciega para los afectados?
Una ráfaga de decretos presidenciales sacudió el Boletín Oficial, confirmando que el Estado no da el brazo a torcer en la pulseada con su propio personal. Cinco agentes civiles de la ARMADA ARGENTINA vieron cómo sus reclamos por un supuesto reencasillamiento erróneo en 2017 fueron rechazados de manera contundente, agotando la vía administrativa y dejándolos con una única opción: los tribunales.
Desde el 3 de octubre de 2025, el Ministerio de Defensa, con el aval del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, desestimó los recursos jerárquicos interpuestos por Adrián MACEDO (DNI 16.605.511), Flavia Mariana ZÁRATE (DNI 27.758.284), Leandro Francisco TORRES (DNI 36.511.239), María José CRUZ (DNI 28.789.245) y Michel CHARLES (DNI 35.099.307). Todos ellos apelaban la Resolución del MINISTERIO DE DEFENSA N° 614 del 14 de julio de 2017, que definió sus agrupamientos, niveles y grados escalafonarios bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (homologado por el Decreto N° 2539/15).
Los agentes alegaban errores en su asignación, basándose en antigüedad, titulación o experiencia. Sin embargo, tras años de trámites y una revisión exhaustiva de sus antecedentes y el marco normativo (artículos 132 al 141 del Convenio Colectivo), la administración concluyó que los encasillamientos fueron "correctos".
"Se concluye que el mismo fue correctamente reencasillado en el Agrupamiento Producción - Nivel V - Grado 11." (Decreto 710/2025, sobre el caso Macedo)
La implicación más directa es que la puerta administrativa se cerró definitivamente. El Artículo 2° de cada decreto es lapidario: "queda agotada la vía administrativa... quedando expedita la acción judicial". Esto significa que, si desean seguir luchando por lo que consideran justo, estos empleados deberán enfrentar un largo y costoso proceso en la justicia, para lo cual tienen un plazo de 180 días hábiles judiciales desde la notificación.
Para el ciudadano común, esto resalta la rigidez de los procedimientos administrativos y la dificultad de los empleados públicos para modificar decisiones que consideran injustas, incluso cuando se basan en interpretaciones de convenios colectivos. La lucha por un encasillamiento justo puede ser una odisea burocrática y legal.
Para estar informado sobre futuras actualizaciones en casos de reencasillamientos o recursos administrativos, se recomienda seguir los comunicados del Ministerio de Defensa y del Boletín Oficial, así como consultar a sindicatos y asociaciones de personal civil de las Fuerzas Armadas.
