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La Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó la creación de un módulo especial en CONTRAT.AR para gestionar la venta de empresas estatales. Un paso gigante hacia la privatización de activos públicos, que promete "transparencia" pero genera enorme expectativa y debate.
En un movimiento que sacude los cimientos del sector público, la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) ha dado luz verde a la creación del "Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696", un nuevo módulo dentro del sistema de gestión electrónica CONTRAT.AR. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que el gobierno está digitalizando y centralizando el proceso para vender empresas y activos del Estado Nacional.
La Ley N° 27.742, conocida como "Ley de Bases", declaró sujetas a privatización a un largo listado de empresas y sociedades estatales. Ahora, con este módulo, se busca un mecanismo ágil y "transparente" para llevar a cabo estas operaciones, que pueden incluir la venta de activos, acciones, cuotas partes, locaciones con opción a compra, concesiones y permisos.
El decreto N° 416/25 encomendó a la ONC la implementación de esta herramienta electrónica, buscando que los procedimientos de licitación o concurso público se realicen bajo los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia y gobierno abierto. Los interesados en participar deberán inscribirse y validarse como "usuarios externos" del sistema. Esto apunta a simplificar el acceso a los procesos de privatización y, en teoría, a ampliar la base de posibles compradores o concesionarios.
Implicaciones de la medida: Este paso es crucial y altamente controversial. Por un lado, el gobierno busca deshacerse de empresas que considera ineficientes o deficitarias, prometiendo mayor eficiencia y menos gasto público. Por otro lado, la oposición y diversos sectores sociales advierten sobre la pérdida de soberanía y el riesgo de remate de bienes públicos.
Para el inversor: Esta es una oportunidad de oro para adquirir activos o participar en concesiones de gran envergadura. El sistema promete celeridad, economía y eficacia en los trámites.
Para el ciudadano común: Es la materialización de una de las políticas más emblemáticas y divisivas del actual gobierno. La venta de empresas públicas impactará directamente en servicios, empleo y el rol del Estado en la economía. La pregunta es: ¿será el inicio de una era de eficiencia o de un desmantelamiento sin retorno?
