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La Casa Rosada cierra la puerta a los recursos de empleados públicos de la Armada y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Reencasillamientos cuestionados y una exoneración por "trato inapropiado" son confirmados, dejando a los afectados con la única vía judicial.
El Gobierno nacional, mediante una serie de decretos presidenciales, ha ratificado decisiones administrativas que afectan directamente a empleados de la Armada Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cerrando la vía administrativa a sus reclamos. Esto significa que la única opción que les queda a los damnificados es recurrir a la Justicia, en un mensaje claro sobre la firmeza de las decisiones estatales.
En dos casos que involucran a la Armada Argentina, las agentes civiles María Gabriela MUSOTTO (DNI 23.489.706) y Sonia Alejandra VILTE (DNI 21.665.661) vieron rechazados sus recursos jerárquicos. Ambas cuestionaban su reencasillamiento en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, alegando que habían sido asignadas a agrupamientos, niveles y grados escalafonarios erróneos. Sin embargo, el Ejecutivo, con el aval de la Oficina Nacional de Empleo Público del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, determinó que sus reencasillamientos fueron correctos según la normativa vigente y su antigüedad acreditada.
"La Administración Pública Nacional busca la 'jerarquización, capacitación, representatividad y trato igualitario', pero los empleados que se sienten perjudicados deben agotar todas las instancias."
El caso más polémico es el del ex Oficial Ayudante Jesús Miguel GONZÁLEZ LENCINA (DNI 33.900.680) de la PSA. Su recurso de apelación contra la exoneración fue desestimado sin miramientos. ¿El motivo? Haber mantenido un “trato inapropiado con Oficiales femeninas” durante los descansos de servicio. Esta conducta fue calificada como "falta muy grave" que afecta la ética y la imagen de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La resolución ministerial que lo dejó fuera de la fuerza se mantiene firme, y el Presidente de la Nación ratificó la decisión, dejando a González Lencina sin más opciones administrativas.
Estos decretos no solo impactan la vida de los agentes involucrados, sino que también envían una señal al resto de la administración pública sobre la rigurosidad en la aplicación de las normas de carrera y disciplina. La intervención del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado en los casos de reencasillamiento sugiere una revisión exhaustiva de las estructuras y asignaciones de personal, buscando eficiencia y apego estricto a la letra de la ley. Para los ciudadanos, estos fallos refuerzan la idea de que la administración busca ser implacable con las faltas y los errores en la gestión de personal. Para estar al tanto de futuras decisiones similares, se aconseja seguir las publicaciones en el Boletín Oficial y los comunicados de los ministerios involucrados.
