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El Presidente Milei y sus ministros rechazan recursos de empleados de la Armada y la PSA, confirmando reencasillamientos y exoneraciones. La vía administrativa se agota, abriendo la puerta a juicios.
El Gobierno, con el Presidente Milei a la cabeza, ha emitido decretos contundentes que rechazan recursos jerárquicos de empleados públicos, cerrando la vía administrativa y dejando expedita la judicial.
En el caso de la ARMADA ARGENTINA, María Gabriela Musotto (DNI 23.489.706) y Sonia Alejandra Vilte (DNI 21.665.661) vieron denegadas sus apelaciones contra resoluciones del Ministerio de Defensa que definieron sus reencasillamientos. Ambas agentes cuestionaban la asignación de su Agrupamiento, Nivel y Grado Escalafonario, alegando errores en la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial. Sin embargo, el Ejecutivo ratificó que los cálculos de antigüedad y titulación fueron correctamente aplicados, manteniéndolas en sus categorías asignadas (Administrativo, Nivel IV, Grado 7 y Técnico, Nivel IV, Grado 10, respectivamente).
Pero el caso más picante es el de Jesús Miguel González Lencina (DNI 33.900.680), ex Oficial Ayudante de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA). Su apelación también fue desestimada, confirmando su exoneración por una "falta muy grave": un "trato inapropiado con Oficiales femeninas" durante el servicio. Esta decisión, firmada por Milei y Patricia Bullrich, envía un mensaje claro sobre la tolerancia cero a conductas inapropiadas en las fuerzas de seguridad.
Estos decretos no solo agotan la instancia administrativa para los afectados, sino que también sentan precedentes en la gestión de personal del Estado. Los empleados ahora tienen 180 días hábiles judiciales para iniciar acciones legales, lo que podría derivar en una cascada de litigios. La Oficina Nacional de Empleo Público del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ha intervenido, señalando un posible endurecimiento en las políticas de personal.
