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Un vistazo profundo a las leyes que sustentan el accionar administrativo en la Provincia de Buenos Aires. Descubrí qué normas son la 'columna vertebral' de cada medida oficial, ¡una lectura clave para entender el detrás de escena del poder!
En una movida que parece más un recordatorio que una novedad, el Boletín Oficial nos sumerge en el intrincado entramado legal que da sustento a las decisiones del Estado bonaerense. El artículo en cuestión no introduce una nueva normativa rutilante, sino que refuerza la base jurídica sobre la cual se asientan innumerables actos administrativos. Específicamente, se hace hincapié en la Ley N° 16.378/57 y sus posteriores modificaciones, junto con el Decreto Ley N° 7647/70, pilares fundamentales del procedimiento administrativo en la Provincia de Buenos Aires.
Este fragmento legal es, en esencia, la carta de presentación de la legalidad de cualquier medida que se dicte. Cuando un organismo oficial emite una resolución o un decreto, debe invocar las facultades que le otorgan leyes preexistentes. Este artículo cumple precisamente esa función: enumerar las leyes madre que confieren atribuciones y marcan el camino para la acción estatal.
Para el ciudadano común, esto significa que cada vez que ve una decisión oficial, esta tiene un respaldo legal de décadas, lo que, en teoría, garantiza un marco de predictibilidad y seguridad jurídica. Para las empresas y los profesionales del derecho, es una confirmación de que las reglas del juego administrativo siguen siendo las mismas, ancladas en normativas clásicas que han sido actualizadas por leyes como la N° 13.262, 13.708, 14.224 y 14.229.
Aunque no genera un cambio directo, este tipo de menciones son cruciales para la estabilidad jurídica. Permite entender que, detrás de cada anuncio, hay un proceso reglado y una cadena de autoridad que se remonta a normativas fundacionales. Es un recordatorio de que la administración pública opera bajo un marco procedimental estricto, buscando evitar la arbitrariedad y asegurar la correcta aplicación de la ley. En un país donde la seguridad jurídica es un valor en alza, la reafirmación de estas bases legales, aunque sea de forma indirecta, es un dato a tener en cuenta. Estar informado sobre estas bases es fundamental para comprender el funcionamiento del Estado.
