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El Gobierno Nacional, con la firma del Presidente, rechaza sin piedad los recursos de agentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Desde reclamos por reencasillamientos salariales hasta un explosivo caso de exoneración por "trato inapropiado". ¡La vía administrativa se agota y solo queda la judicial!
Una serie de decretos presidenciales sacude la estabilidad de agentes estatales, ratificando decisiones que impactan directamente en sus carreras y bolsillos. El Presidente, con la firma de sus ministros, ha rechazado recursos jerárquicos y de apelación, dando por agotada la vía administrativa para varios empleados de la Armada Argentina y un ex-oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En dos casos idénticos, María Gabriela Musotto y Sonia Alejandra Vilte, ambas agentes civiles de la planta permanente de la Armada Argentina, vieron denegados sus reclamos por un supuesto "reencasillamiento erróneo" en el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial. Ambas alegaban que su nivel escalafonario y grado no correspondían con su titulación y antigüedad, pero el Ministerio de Defensa y ahora la Presidencia confirmaron que la aplicación de la normativa fue correcta. Esto sienta un precedente para futuros reclamos de reencasillamiento en la administración pública, indicando que las bases de cálculo y los criterios establecidos en los decretos (como el 2539/15 y sus modificatorios) son firmes.
Pero el caso más resonante es el del ex Oficial Ayudante Jesús Miguel González Lencina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Su recurso contra la exoneración fue desestimado sin miramientos. ¿El motivo? Una "falta muy grave" por mantener un "trato inapropiado con Oficiales femeninas" durante los descansos del servicio. Este decreto presidencial no solo ratifica su expulsión de la fuerza, sino que envía un mensaje contundente sobre la tolerancia cero a la mala conducta y la afectación a la ética e imagen pública de las fuerzas de seguridad. Se agotó la vía administrativa, y ahora solo le queda la judicial, con 180 días hábiles para iniciar acciones.
La ratificación de decisiones administrativas clave que afectan la carrera y el empleo público. La Presidencia avala la rigurosidad en la aplicación de convenios laborales y reglamentos disciplinarios.
Afecta directamente a los empleados públicos, que ven cerradas las instancias administrativas para sus reclamos, y a las fuerzas de seguridad, que reafirman sus códigos de conducta. Genera incertidumbre y descontento en el personal que busca mejoras en su situación laboral y envía una señal de firmeza disciplinaria.
Estos decretos se dictan en un contexto de revisión y ajuste en el empleo público, donde el gobierno busca eficiencia y cumplimiento estricto de las normativas. La intervención de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO en los casos de reencasillamiento es una clara señal de esta dirección.
Para los agentes públicos, es fundamental entender que, una vez agotada la vía administrativa, la única opción es la judicial, con plazos estrictos. Es crucial contar con asesoramiento legal especializado desde el inicio del proceso para maximizar las chances de éxito en futuras instancias.
