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En medio de su intervención, el ENACOM delega facultades críticas a sus direcciones de Licencias y Administración, buscando una gestión "ágil y eficiente". ¿Una movida estratégica o un ajuste de cuentas interno?
El ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), un organismo clave en el panorama de las comunicaciones argentinas y actualmente bajo intervención, acaba de dar un paso significativo en su reestructuración interna. La Resolución 1473/2025, firmada por el Interventor Juan Martin Ozores, delega importantes facultades a dos de sus direcciones de primer nivel operativo: la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y REGISTROS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.
La Dirección Nacional de Licencias, Autorizaciones y Registros ahora tendrá la potestad de emitir actos administrativos resolutivos a través de Disposiciones, lo que le otorga mayor autonomía y rapidez en la gestión de trámites. Por su parte, la Dirección General de Administración podrá suscribir certificados de deuda relacionados con tasas, derechos, multas y aportes al Servicio Universal. El objetivo declarado es "afianzar una gestión administrativa ágil y eficiente" y "optimizar los procesos internos de tramitación".
Esta medida se da en el marco de la intervención del ENACOM, dispuesta por Decretos como el N° 89/24 y prorrogada posteriormente, y tras la aprobación de una nueva estructura organizativa. La intención es clara: descentralizar parte de la toma de decisiones para acelerar los procesos que impactan directamente en la regulación y el control de los servicios de comunicación. Sin embargo, surge una potencial contradicción: la resolución aclara que estas delegaciones "no implican la derogación o modificaciones de las delegaciones legales o estatuarias vigentes ni renuncia al derecho de avocación del Sr. INTERVENTOR". Esto significa que, aunque se delega poder, el Interventor mantiene la capacidad de avocarse a cualquier asunto, lo que podría generar dualidad de mando o, paradójicamente, demoras si se interviene en decisiones ya delegadas.
Para las empresas reguladas, esta medida podría significar tramitaciones más rápidas y una burocracia menos centralizada, siempre y cuando la aplicación de estas nuevas facultades sea consistente y no se generen fricciones internas. El ciudadano común, aunque no lo sienta directamente, se beneficia de un organismo regulador más eficiente, lo que a la larga puede impactar en la calidad y disponibilidad de los servicios de comunicación.
