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El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) deroga iniciativas clave como la "Base Unificada Nacional de Instaladores Matriculados" y la figura del "Matriculado Social", argumentando la falta de "avances sustanciales" en su implementación. ¿Se esfuma una oportunidad para regular el sector y ayudar a usuarios vulnerables?
El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) ha dado un golpe de timón que resuena en el sector de los instaladores y, potencialmente, en los bolsillos de miles de usuarios. A través de la Resolución 21/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo deroga tres resoluciones clave que habían sido impulsadas en los últimos años:
Estas iniciativas buscaban ordenar el sector, creando un registro nacional de gasistas y, lo más importante, una figura del "Matriculado/a Social". Este último concepto era ambicioso: pretendía que los instaladores ofrecieran precios de referencia "bajo criterios objetivos" para facilitar el acceso o mantenimiento del servicio de gas a usuarios y usuarias vulnerables, propiciando así la disminución de gastos para ellos. La Mesa Técnica, por su parte, era un espacio de diálogo y propuestas entre el ENARGAS y los instaladores.
El argumento del ENARGAS para esta marcha atrás es contundente: "a la fecha, no se han evidenciado avances sustanciales en cuanto a lo requerido para su puesta en práctica". Es decir, más de un año después de su creación, estas herramientas no lograron despegar. Si bien la falta de implementación es un problema, la derogación total implica el abandono de los objetivos originales de regulación y apoyo social en el sector del gas.
Para el ciudadano común, la eliminación del "Matriculado/a Social" es una mala noticia. Significaba una potencial ayuda económica para acceder a instalaciones o reparaciones de gas, un servicio esencial y muchas veces costoso. Ahora, ese camino se cierra, y los usuarios deberán seguir buscando opciones en el mercado sin un paraguas de precios de referencia o programas específicos. Para los instaladores, si bien el registro unificado podía implicar burocracia, también ofrecía una formalización y visibilidad que ahora se diluyen.
Esta decisión del ENARGAS es una clara señal de desregulación y un giro hacia una menor intervención estatal en la dinámica del mercado de instalaciones de gas, dejando la oferta y la demanda a su suerte. El debate sobre si esto traerá mayor eficiencia o desprotección para los usuarios y trabajadores del sector queda abierto.
