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Un decreto que parece menor, pero que expone la intrincada coreografía de la administración pública bonaerense al registrar y comunicar la vital Ley de Personal. ¿Quién controla el control?
En un movimiento que, a primera vista, podría pasar desapercibido para el ciudadano común, el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires nos revela un fascinante vistazo a la maquinaria interna del Estado. Se trata de la Ley N° 10.430, el mismísimo Estatuto del Empleado Público Provincial, que regula la vida laboral de miles de trabajadores estatales. Pero no es la ley en sí lo que se discute, sino el intrincado proceso administrativo para asegurar su correcta aplicación y difusión.
Este artículo, firmado por el Ministro Augusto Eduardo Costa, detalla los pasos que se deben seguir para registrar, publicar y comunicar las modificaciones a esta ley fundamental, incluyendo las introducidas por la Ley N° 14.815. Desde el Boletín Oficial y el sistema SINDMA, la información debe fluir hacia la Dirección Provincial de Personal, luego a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, la Secretaría General, y finalmente a la Dirección Delegada de Personal del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, para la notificación del "interesado".
¿Qué significa esto para nosotros? Aunque parezca un mero trámite, este tipo de resoluciones son la columna vertebral del funcionamiento estatal. Aseguran que cada rincón de la burocracia esté al tanto de las reglas del juego, evitando futuras inconsistencias y litigios. Es la confirmación de que, detrás de cada decreto o ley, existe un ejército de dependencias trabajando para que todo funcione, o al menos, para que todo esté correctamente archivado. La transparencia y la eficiencia dependen de estos pasos, aunque a veces la lentitud de los engranajes burocráticos nos haga dudar de su efectividad. Es la muestra palpable de que, en el Estado, hasta el papel más insignificante tiene su propio peregrinaje.
