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La Aduana de San Luis y Tucumán lanzan una ofensiva contra el contrabando, citando a decenas de infractores por mercadería de origen extranjero sin justificación legal. Las multas superan los $47 millones de pesos, revelando la magnitud de la evasión y la implacable mano del Estado.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero no da tregua y, a través de sus sedes en San Luis y Tucumán, ha puesto el grito en el cielo con una serie de "Avisos Oficiales" y "Edictos" que desnudan el flagelo del contrabando en el país. Decenas de individuos están en la mira, enfrentando causas sumariales por la introducción ilegal de mercadería extranjera, un golpe directo a la economía formal y al erario público.
Los artículos publicados en el Boletín Oficial detallan la instrucción de causas sumariales contenciosas en los términos del Artículo 1090 Inc. c) del Código Aduanero, imputando la infracción prevista y reprimida en los Artículos 985/987 del mismo cuerpo legal. Esto significa que la Aduana, con el respaldo de la Gendarmería Nacional que realizó los secuestros, avanza con todo el peso de la ley contra quienes intentan burlar los controles.
Los implicados, que suman más de 50 personas entre ambas jurisdicciones, son citados a comparecer en un perentorio término de 10 días. Deben presentar su defensa, ofrecer pruebas y, crucialmente, constituir domicilio legal y contar con patrocinio letrado, una exigencia que subraya la seriedad de los cargos. La fecha clave de muchos de estos secuestros fue el 14 de noviembre de 2024, en el caso de San Luis, mientras que en Tucumán las fechas de comisión de las infracciones se extienden desde 2018 hasta fines de 2023.
El aspecto más impactante son las cifras: las multas mínimas impuestas a estos infractores alcanzan montos millonarios. Por ejemplo, en San Luis, se registraron multas individuales que van desde los $1.298.849,85 hasta los escalofriantes $7.768.443,78. En Tucumán, la situación no es menos dramática, con sanciones que van desde los $17.282,98 hasta la impresionante suma de $11.168.553,64 para un solo infractor. La sumatoria de todas las multas reveladas en estos avisos asciende a una cifra impactante: más de $47 millones de pesos.
"El pago voluntario del monto antes mencionado dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificado de la presente, tendrá efecto extintivo de la acción penal y sin que quede registrado el hecho como antecedente a condición de que se practique el allanamiento y se haga expreso abandono de la mercadería a favor del Estado Nacional." (Art. 930/932 del Código Aduanero)
Esta cláusula ofrece una salida para los infractores: pagar la multa mínima y abandonar la mercadería para evitar un antecedente penal. Sin embargo, en caso contrario, la Aduana advierte que se procederá a darle "destinación aduanera" a la mercadería, lo que incluye subasta, donación y/o destrucción.
Los afectados son en su mayoría individuos, cuyos DNI se detallan en los edictos, lo que sugiere un patrón de contrabando a pequeña y mediana escala, posiblemente de bienes de consumo. Esto no solo afecta a los infractores con multas y la pérdida de sus bienes, sino que también genera un perjuicio significativo para las empresas y comerciantes que operan dentro de la legalidad, al introducir una competencia desleal. Para el ciudadano común, estos avisos son un recordatorio de que la AFIP y la Gendarmería están activas en la lucha contra el comercio ilegal, protegiendo indirectamente los puestos de trabajo formales y los ingresos fiscales del país. Es fundamental que cualquier persona involucrada en el comercio, incluso a pequeña escala, se informe sobre las regulaciones aduaneras para evitar caer en estas costosas infracciones.
