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La Casa Rosada cierra la puerta a múltiples recursos de agentes estatales que buscaban una mejor categoría o ascenso, generando frustración y abriendo la vía judicial. Casos con hasta 19 años de antigüedad chocan contra la rigidez de la ley.
El Boletín Oficial de hoy destapó una serie de decretos presidenciales que reafirman la mano dura del Estado en la administración de su propio personal. Bajo la firma del Presidente Milei y ministros clave, se rechazaron recursos jerárquicos de varios agentes civiles de distintas carteras, quienes buscaban mejoras en su reencasillamiento o promociones escalafonarias. La constante: la Administración Pública Nacional se aferra a la interpretación estricta de normativas y convenios colectivos, dejando a los empleados con las manos vacías y la única opción de recurrir a la Justicia.
Entre los casos más resonantes, encontramos a Ester Noemí Kempe (EJÉRCITO ARGENTINO), Javier Maximiliano González (ARMADA ARGENTINA) y Marcelo Gabriel Meneses (ex-MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL), quienes vieron denegadas sus aspiraciones de ascenso o mejor reencasillamiento. Los argumentos oficiales se basan en la aplicación rigurosa de convenios como el SINEP o el sectorial de Fuerzas Armadas y Seguridad, y la falta de cumplimiento de requisitos formales, a pesar de la experiencia y formación de los afectados.
Pero el que más ruido hace es el de Diego Sebastián Pérez Cavenago, del ex-MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Con ¡19 años de servicio ininterrumpido en la Administración Pública Nacional!, se le negó un ascenso al Nivel B del SINEP. ¿La razón? El agente, que recién adquirió la planta permanente en febrero de 2023, no cumple con el período de "estabilidad" de DOCE (12) meses que exige la Ley N° 25.164. Pérez Cavenago argumentó que su larga trayectoria debería generar una "expectativa legítima de estabilidad" y que la denegación viola principios como la igualdad y la razonabilidad. Sin embargo, la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el Presidente fueron inflexibles: sin la estabilidad formal, no hay ascenso.
Este escenario deja un sabor amargo para muchos empleados públicos. Demuestra que la antigüedad y la experiencia no siempre son suficientes frente a la letra fría de la ley y los reglamentos internos. La vía administrativa se agota, y ahora, estos agentes tienen CIENTO OCHENTA (180) días hábiles para buscar justicia en los tribunales, en una batalla legal que podría sentar precedentes sobre el valor de la trayectoria laboral en el sector público frente a la burocracia.
