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Una catarata de resoluciones internas en la Jefatura de Gabinete de Ministros de CABA destapa cambios de personal en la gestión de fondos, exenciones en el control de asistencia y nuevas contrataciones. ¿Reorganización o descontrol?
El Boletín Oficial porteño nos trae un aluvión de movimientos internos en la Jefatura de Gabinete de Ministros que, aunque parezcan menores, revelan la intrincada maquinaria burocrática del Estado. La Resolución N° 50/ASINF/26 genera revuelo al cesar, designar y ratificar a responsables clave de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad. ¿Hay una reestructuración interna profunda o simplemente un enroque de nombres que busca acomodar fichas? La gestión de estos fondos es vital para el día a día de la administración y cualquier cambio puede impactar en la agilidad de los trámites menores.
Pero la sorpresa no termina ahí. La Resolución N° 51/ASINF/26 provoca indignación al eximir a ciertos agentes de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en el Sistema Informático de Control de Asistencia. ¿Quiénes son estos privilegiados y por qué se les otorga este pase libre? Esta medida, aunque se justifique por funciones específicas, siempre genera suspicacias sobre la equidad y el control del presentismo en la administración pública. Para el ciudadano común, esto puede interpretarse como una señal de privilegios o falta de control.
En otro frente, la Resolución N° 46/SECGDU/26 desestima un recurso jerárquico contra una disposición de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), lo que podría tener implicaciones en algún proyecto o litigio urbanístico de relevancia para la ciudad. Finalmente, la Resolución N° 50/SECGDU/26 autoriza la contratación de personal, abriendo la puerta a nuevas incorporaciones en un contexto donde la austeridad es la bandera. Estos movimientos, en conjunto, pintan un panorama de constantes ajustes y decisiones internas que, aunque no afectan directamente al ciudadano de a pie, sí delinean la dinámica de poder y eficiencia dentro de la gestión pública. La ciudadanía espera explicaciones sobre estas decisiones que, en la superficie, parecen menores pero pueden esconder cambios significativos en la forma de operar del gobierno porteño.
