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Un error "involuntario" en la Secretaría General de Presidencia obligó a corregir una cesión de bienes a la Policía Federal. ¿Fallas en la gestión o un simple papel mal ubicado? La Aduana de Salta y Orán, en el ojo de la tormenta.
La Secretaría General de la Presidencia de la Nación acaba de corregir un pifie que podría parecer menor, pero que en el laberinto burocrático revela la importancia de los detalles. A través de la Disposición 68/2025, se subsana un "error material involuntario" en una disposición anterior (DI-2025-66-APN-SSGI#SGP) que había cedido bienes a la División Automotores Superintendencia de Administración de la Policía Federal Argentina.
Resulta que, por un descuido, en la disposición original se había consignado erróneamente que los bienes provenían de la Aduana de Orán (DI-2025-37-E-AFIP-ADORAN#SDGOAI), cuando en realidad ¡eran de la Aduana de Salta (DI-2025-37-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI)! Una diferencia de ubicación geográfica que, en términos administrativos, es todo un problema.
La nueva disposición detalla que se sustituye el Artículo 1º de la Disposición N° DI-2025-66-APN-SSGI#SGP para incluir correctamente todas las disposiciones de cesión de bienes. Ahora, la Policía Federal recibirá legalmente los bienes decomisados de ambas aduanas:
Esta subsanación es crucial para la legalidad de la transferencia de bienes, que suelen ser vehículos u otros elementos incautados, destinados a fortalecer los recursos de las fuerzas de seguridad. Para el ciudadano común, es una muestra de cómo hasta los errores más pequeños pueden generar movimientos burocráticos y la necesidad de correcciones, aunque en este caso, el fin es positivo: recursos para la seguridad que antes estaban en un limbo. La Ley N° 25.603 es la que ampara la afectación de estas mercaderías.
