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La Dirección Nacional de Migraciones se consolida como un paraíso de la "transitoriedad eterna", con el Vicejefe de Gabinete del Interior firmando una batería de resoluciones que extienden designaciones y cargos, muchos de ellos con "permisos especiales" que esquivan los requisitos mínimos. ¿Meritocracia o perpetuación de la burocracia?
El Boletín Oficial de hoy destapa una realidad inquietante en la Dirección Nacional de Migraciones: la continuidad de un patrón de designaciones transitorias y prórrogas que parecen no tener fin. A través de varias Resoluciones (302/2025, 303/2025, 304/2025, 306/2025, 307/2025, 308/2025, 309/2025 y 310/2025), el Vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, ha refrendado la permanencia de un numeroso grupo de agentes en sus cargos, muchos de ellos con el polémico "carácter de excepción por no reunir los requisitos mínimos" del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
En esencia, nada. Lo que se observa es la prórroga de la precariedad institucional. Estas resoluciones extienden por Ciento Ochenta (180) días las designaciones de personal en diversas delegaciones (Corrientes, Salta, Posadas, Quilmes, La Pampa) y direcciones generales de Migraciones. Desde "Asistentes Técnicos Administrativos" y "Asistentes Administrativos" hasta "Inspectores" y "Delegados", la lista es larga y variada. Incluso se destaca la asignación transitoria de funciones de Auditor Adjunto Contable al contador Leopoldo José Tubio, quien también recibe un permiso excepcional para acceder al puesto.
Este modus operandi genera varias preguntas cruciales para los ciudadanos. Por un lado, la continuidad del servicio en un organismo tan sensible como Migraciones, fundamental para el control de fronteras y la gestión de la población extranjera. Por otro, la falta de concursos y la perpetuación de las designaciones transitorias socavan la transparencia y la meritocracia en la administración pública. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ha tomado "debida intervención", lo cual resulta irónico cuando se convalidan estas prácticas que, lejos de desregular, mantienen un sistema de contrataciones que esquiva los mecanismos de selección rigurosos. Se habla de "razones operativas" para justificar estas prórrogas, pero la repetición constante sugiere una falla estructural en la planificación de recursos humanos.
Este escenario plantea un debate sobre la calidad del empleo público y la eficacia de los procesos de selección. La promesa de que "los cargos deberán ser cubiertos de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes" en 180 días hábiles, es una frase recurrente que, en la práctica, se dilata indefinidamente. Los ciudadanos merecen saber si el Estado está realmente avanzando hacia una administración más transparente y eficiente, o si solo está extendiendo la sombra de la burocracia.
