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Un decreto presidencial corrige un 'garrafal' error en el cálculo del cargo por construcción de agua y cloacas, justo cuando se acelera la privatización de AySA. ¿Quién pagó de más por la confusión entre usuarios medidos y no medidos?
El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 805/2025, ha desatado una bomba en el ámbito de los servicios públicos, al aprobar el texto ordenado del Marco Regulatorio de AySA. Lo que podría parecer un mero trámite administrativo es, en realidad, la confesión de un error material que afectó directamente el bolsillo de millones de usuarios y que, según el propio decreto, 'desvirtuaba completamente el concepto a facturar'.
El meollo del asunto radica en el Artículo 20 del Anexo E, que regula el 'cargo por construcción'. Según el Gobierno, el anterior Decreto N° 493/25, en un desliz 'involuntario', invirtió los términos 'MEDIDO' y 'NO MEDIDO' al calcular este cargo. Esto significaba que la fórmula para quienes tienen medidor y para quienes no, estaba aplicada al revés, generando una distorsión que 'carece de razonabilidad'.
La corrección busca restituir el criterio técnico previo, diferenciando el cálculo para usuarios con régimen medido (se les facturará el cargo fijo por 180 días) y no medido (se les facturará la suma del cargo fijo más el cargo variable por 180 días). La modificación es presentada como 'indispensable' para dar 'certeza jurídica' en medio del proceso de privatización de AySA, declarado 'sujeta a privatización' por la Ley N° 27.742 y cuyo inicio fue formalizado en agosto de 2025.
Para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense (Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Florencio Varela, San Miguel, Presidente Perón, Escobar y Pilar), este cambio puede significar una readecuación en la forma de calcular el cargo por construcción. Si bien el decreto no especifica reembolsos, la 'razonabilidad' y la 'coherencia' son los nuevos pilares, al menos en el papel. La pregunta es: ¿cuánto dinero se facturó incorrectamente y qué pasará con esos montos?