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El Gobierno bonaerense autoriza una *redeterminación millonaria* de precios para la construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud, inyectando más de $2.2 millones adicionales a la contratista ESPACIO 3 S.A. ¿Quién paga la cuenta?
Una nueva polémica sacude la gestión de obras públicas en la Provincia de Buenos Aires. El Subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Carlos Rodríguez, ha resuelto aprobar un Acta Acuerdo de Redeterminación Definitiva de Precios para la obra de "Construcción CAPS en Municipio de Castelli". Esta medida, que se ampara en los Decretos N° 323/22 y N° 393/24, significa un ajuste significativo en el costo original del proyecto, licitado en 2021.
La gestión aprobada eleva el monto total de la obra en el período correspondiente a cuarenta millones cuarenta mil doscientos treinta y nueve con sesenta y cuatro centavos ($40.040.239,64). Tras un balance, se determinó una diferencia a favor de la contratista ESPACIO 3 S.A. por la suma de dos millones ciento siete mil seiscientos sesenta y dos con cuarenta y tres centavos ($2.107.662,43). A esta cifra se le suman adicionales que inflan aún más el costo final:
Esto lleva el total a ser certificado a la impactante cifra de dos millones doscientos trece mil cuarenta y cinco con cincuenta y cuatro centavos ($2.213.045,54). La financiación de estos fondos se imputará al Presupuesto General Ejercicio 2026, lo que implica que el costo de esta obra se proyecta hacia el futuro fiscal.
Esta redeterminación subraya la volatilidad económica que afecta a los proyectos de infraestructura en Argentina. Si bien las cláusulas de ajuste por inflación son comunes, un aumento de esta magnitud para una obra de salud genera interrogantes sobre la planificación inicial y la eficiencia del gasto público. Los ciudadanos de Castelli y de toda la provincia verán cómo sus impuestos se destinan a cubrir estos mayores costos, con una porción incluso para "embellecimiento" de la obra, un concepto que a menudo genera debate. La transparencia en la ejecución y el monitoreo de la calidad de la obra se vuelven cruciales ante estas cifras. ¿Se justificará este gasto adicional en un servicio esencial como la salud?
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