Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Defensa ratifica la anulación de una licitación millonaria para uniformes de la Armada, desestimando el recurso de la empresa PERCLES S.A. La polémica gira en torno a muestras, garantías y la 'optimización de recursos'.
El Ministerio de Defensa, bajo la firma de Luis Petri, acaba de dar un golpe en la mesa al rechazar un Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa PERCLES S.A. (CUIT 30-65912416-1). ¿El trasfondo? Una turbia licitación pública (N° 38/15-0168-LPU24) para la confección de uniformes de Combate Naval/Polivalente para la Armada Argentina, que había sido dejada sin efecto por supuestos "errores administrativos".
PERCLES S.A., la empresa recurrente, alegó "inexistencia de causa y motivación" en la decisión de la Armada, señalando que la falta de pedido de muestras o garantías por los materiales (tela, hilos, botones) que la propia Armada suministraría, eran "insignificantes" o "accesorias". Sin embargo, el Ministerio de Defensa fue contundente: la presentación de muestras es "imprescindible" para asegurar la correcta confección, y la garantía es un "pilar" en las contrataciones públicas para salvaguardar los bienes del Estado.
La firma PERCLES S.A. también lanzó una bomba al sugerir que la nueva licitación, con el mismo objeto, se sustanció "una vez conocidos los precios de la Licitación dejada sin efecto", y que el plazo de diez días para presentar muestras era "excluyente" y "artificioso". El Ministerio, por su parte, defendió la "objetividad y razonabilidad" de las exigencias y recordó que la Administración puede dejar sin efecto un proceso de selección sin indemnización si hay causas justificadas antes de la adjudicación. Este episodio deja al descubierto las complejidades y posibles sombras en las compras estatales, especialmente cuando se trata de material tan sensible como el de las Fuerzas Armadas. Para el contribuyente, la pregunta es: ¿se están optimizando realmente los recursos del Estado o se están abriendo puertas a nuevas controversias?
