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La Agencia Nacional de Discapacidad (AND) bajo la lupa: el Gobierno la interviene por 180 días en busca de "anomalías" y "desorden", tras la polémica salida de su Director. La lupa estará puesta en compras y contrataciones para asegurar la eficiencia de los recursos para personas con discapacidad, en un movimiento que promete sacudir los cimientos del organismo.
Un nuevo capítulo de turbulencia sacude a la administración pública: el Gobierno, a través del Decreto 601/2025, ha dispuesto la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND), un organismo clave para millones de argentinos. La medida, que se extenderá por Ciento Ochenta (180) días corridos (prorrogables), llega tras la reciente limitación del ex Director Ejecutivo, Diego Orlando Spagnuolo, por "razones de público conocimiento" y con la mira puesta en "que el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN efectúe las investigaciones que resulten necesarias".
Para poner orden en la AND, se ha designado como Interventor al doctor Alejandro Alberto VILCHES (D.N.I. N° 12.890.282), quien asumirá plenas facultades de gobierno y administración. Simultáneamente, se ha limitado la designación de la Dra. Romina Gisele NUÑEZ (D.N.I. N° 32.363.063) como Subdirectora Ejecutiva, completando así una barrida en la cúpula del organismo.
El Gobierno ha sido claro en sus objetivos: "llevar a cabo una ordenada y completa investigación del organismo" y "promover una reorganización funcional" que garantice la "transparencia, igualdad en el trato, eficacia y eficiencia". El foco principal estará en el sistema de compras y contrataciones, buscando asegurar que "los recursos disponibles se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan". El Interventor deberá elaborar un informe detallado sobre cualquier anomalía o incumplimiento detectado, con énfasis en su "significatividad económica y el impacto" generado.
Para las personas con discapacidad y sus familias, esta intervención genera una mezcla de preocupación e incertidumbre, pero también una esperanza de mayor transparencia y eficiencia en la gestión de las prestaciones. La medida se enmarca en la política de "ordenar y equilibrar las cuentas públicas" del actual gobierno, pero la magnitud de los cambios y las implicaciones detrás de la salida del ex Director sugieren que hay mucho más que "orden administrativo" en juego. Es crucial que la ciudadanía se mantenga informada sobre los avances de esta intervención, ya que impacta directamente en la vida de una de las poblaciones más vulnerables del país.
