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El Ministerio de Transporte bonaerense, tras un 'error involuntario', rectifica la lista de empresas beneficiarias y aprueba los costos del subsidio para el Área Metropolitana de Buenos Aires. ¿Quién gana y quién pierde?
¡Bomba en el sistema de transporte! El Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Transporte, se vio obligado a emitir una serie de resoluciones que, en un intrincado ballet burocrático, buscan poner orden en el Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de pasajeros del AMBA. Lo que empezó con la Resolución N° 19/2026, que aprobaba la metodología de costos, derivó en una rectificación urgente con la Resolución N° 33/2026, porque, según se informó, ¡había un "error involuntario" en el listado de beneficiarias!
La Resolución N° 33/2026 y la posterior Ley N° 25.031 (mencionada como referencia para periodos anteriores) confirman que el Ministerio de Transporte, en su rol de Autoridad de Aplicación, es quien determina la estructura de costos, criterios de liquidación y distribución de estos fondos millonarios. El Decreto N° 3231/25 creó este régimen para las empresas de transporte de pasajeros por automotor en el AMBA. La Dirección Provincial de Planificación y Política Económica del Transporte, con un minucioso trabajo técnico, había informado la nómina de líneas y agrupamientos tarifarios. Sin embargo, se detectó un error en el ANEXO I de la Resolución N° 19/2026, que ahora se subsana, aunque aseguran que "no implica modificación alguna en la cantidad total de líneas beneficiarias, ni altera los montos a distribuirse".
Finalmente, se aprobaron los "Cálculos de los Costos e Ingresos Medios" para el primer cuatrimestre de 2026 y se establecieron los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir. Esto es clave para las empresas del sector y, en última instancia, para el bolsillo de millones de usuarios del transporte público, ya que estas compensaciones buscan evitar aumentos de tarifas aún mayores. La transparencia en estos listados y cálculos es crucial para la confianza pública, especialmente cuando se habla de subsidios millonarios que sostienen gran parte del sistema de transporte.
