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Dos agentes del Ministerio de Justicia vieron rechazados sus recursos para ascender al Nivel B del SINEP, generando debate sobre la interpretación de las reglas de promoción por mérito dentro de la carrera administrativa.
El laberinto burocrático volvió a hacer de las suyas en el Ministerio de Justicia. Los Decretos 543 y 544/2025 rechazan los recursos jerárquicos de Neris Beatriz MALDONADO y María Celeste SILVA, quienes buscaban ascender al Nivel B del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) a través del Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito. ¿El problema? Ya habían sido promovidas al Nivel C por el mismo régimen, y la administración dice ¡basta!
¿Qué cambió exactamente?
Las empleadas argumentaron que la desestimación de sus postulaciones estaba viciada por incompetencia en la interpretación de las normas, falta de causa y motivación. Sostenían que la Oficina Nacional de Empleo Público y la ex-Subsecretaría de Empleo Público carecían de autoridad para interpretar un Acta Sectorial (homologada por el Decreto N° 432/22) que limitaba las promociones a quienes ya habían accedido al Nivel C por el mismo régimen sin cumplir con los requisitos de título para el Nivel B.
El Gobierno, a través de la Presidencia y el Ministerio de Justicia, fue contundente: las interpretaciones fueron correctas, emanaron de órganos competentes y la promoción escalafonaria debe estar motivada en la capacitación y el mérito, no en una cadena de ascensos sin cumplir los requisitos de título para cada nivel. La Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.) también validó esta lectura, señalando que el régimen de excepción no estaba pensado para dobles promociones consecutivas bajo las mismas condiciones.
¿Cómo afecta a la sociedad/empresas/individuos?
Esta decisión impacta directamente en la carrera de miles de empleados públicos bajo el régimen SINEP. Establece un límite claro a las posibilidades de ascenso a través de regímenes de excepción, enfatizando la importancia de los requisitos formales (como el título de educación) para cada nivel escalafonario. Para los trabajadores del Estado, es una señal de que las "ventanas" de promoción extraordinarias tienen sus reglas estrictas y no son un camino abierto a ascensos ilimitados.
La administración remarcó que "cualquier circunstancia que implique la modificación de las bases que han dado sustento a este instituto de valoración para la promoción por evaluación y mérito conllevaría a una desnaturalización de los mencionados principios".
Con la vía administrativa agotada, MALDONADO y SILVA tienen ahora 180 días hábiles judiciales para llevar su reclamo a la justicia. Este caso es un termómetro de la tensión entre las expectativas de carrera de los empleados públicos y la rigidez de las normativas estatales en la gestión del personal.
Para el ciudadano común: Entender estas decisiones es clave para comprender cómo se administra la burocracia estatal y qué oportunidades y limitaciones enfrentan quienes trabajan en ella. Afecta la eficiencia y la meritocracia en la administración pública, un tema que nos toca a todos.
