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Una funcionaria del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica recibirá una bonificación del 115% de su sueldo básico por su título universitario. Una medida que genera debate sobre la equidad salarial y el valor de la formación en el sector público. ¿Privilegio o incentivo?
Un nuevo beneficio en la administración pública bonaerense enciende la polémica. Se trata de la “Bonificación por Título Universitario de Grado atinente a la función -BTU-”, que ha sido otorgada a Ana Paula TRAVAGLIO (DNI N° 32049544), Licenciada en Economía de la Universidad Nacional del Sur, quien se desempeña en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
Lo más impactante de esta bonificación es su monto: equivale al ciento quince por ciento (115%) del sueldo básico del personal alcanzado. Es de carácter mensual, remunerativo y no bonificable, y está destinada a personal de planta permanente sin estabilidad que revista en categorías funcionales específicas, entre Subdirector/a y Subsecretario/a.
La implementación de este significativo plus no es inmediata, sino gradual y progresiva, en cinco tramos de veintitrés puntos porcentuales, que van desde el 23% en mayo de 2025 hasta el 115% total en mayo de 2026. Para Ana Paula Travaglio, el beneficio se hará efectivo a partir del 1° de diciembre de 2025.
La medida, enmarcada en el DECRE-2025-641-GDEBA-GPBA, busca, según se desprende, reconocer y valorar la formación académica de los empleados públicos. Sin embargo, no deja de generar debate. Mientras algunos lo ven como un justo incentivo para la profesionalización y la atracción de talento al Estado, otros lo interpretan como un aumento de la brecha salarial interna y un gasto significativo en un contexto de austeridad.
Para el ciudadano, estas políticas internas de la administración pública pueden parecer lejanas, pero impactan en el presupuesto y en la percepción de la eficiencia y equidad del gasto público. ¿Realmente esta bonificación se traducirá en una mejor calidad de los servicios que brinda el Estado? La pregunta queda abierta, mientras los ojos se posan sobre este tipo de beneficios en la gestión provincial.
