Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Cinco agentes de la Armada Argentina ven frustradas sus esperanzas de una mejor clasificación escalafonaria. El Presidente Milei, con la firma de Luis Petri, cierra la vía administrativa, empujando a los trabajadores a la justicia tras años de reclamos.
Una ola de rechazos sacude a la Armada Argentina, dejando a varios de sus empleados civiles en un limbo administrativo y con la única opción de recurrir a la Justicia. En una movida que marca la postura firme del Gobierno, el Presidente Javier Milei, junto al Ministro de Defensa Luis Petri, firmó una serie de decretos —728/2025, 729/2025, 730/2025, 731/2025 y 732/2025— que desestiman los recursos jerárquicos interpuestos por cinco agentes de planta permanente. Estos trabajadores buscaban una revisión de su reencasillamiento escalafonario, una medida clave que afecta directamente sus ingresos y su carrera dentro de la Administración Pública Nacional.
El origen de este conflicto se remonta a la Resolución del Ministerio de Defensa N° 614 del 14 de julio de 2017, que estableció la reestructuración de los agrupamientos, niveles y grados del Personal Civil Permanente de la Armada. Desde entonces, numerosos empleados han intentado, por vía administrativa, corregir lo que consideran errores en su asignación. Los decretos de hoy son la respuesta final del Poder Ejecutivo a estos reclamos, agotando así la instancia administrativa y dejando a los afectados con la opción de iniciar acciones judiciales en un plazo de 180 días hábiles.
Entre los casos más resonantes, encontramos a Valeria Romina Garciarena (D.N.I. N° 28.396.485), quien, con casi nueve años de antigüedad en la administración, fue reencasillada en el Agrupamiento Administrativo - Nivel V - Grado 4. También Roberto José Drago (D.N.I. N° 11.252.974), con una trayectoria de casi cuarenta años, y Darío Rubén Braun (D.N.I. N° 20.928.260), Técnico Radiólogo con más de 30 años de servicio, vieron sus reclamos desestimados. Alberto Fabián Ruiz (D.N.I. N° 20.467.669) y Carlos Aníbal Pinzón (D.N.I. N° 12.397.047) completan la lista de quienes ahora deberán buscar justicia en los tribunales.
"El Gobierno sostiene que las reencasillaciones se realizaron conforme a la normativa vigente, basándose en la antigüedad, nivel de estudios y las funciones originales de cada agente, tal como lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2539/15."
Es crucial señalar una inconsistencia en el caso de Carlos Aníbal Pinzón: si bien el decreto menciona que fue reencasillado originalmente en el Agrupamiento Técnico, Nivel IV - Grado 14, la conclusión final del mismo decreto afirma que fue correctamente reencasillado en el Agrupamiento Administrativo, Nivel V, Grado 4. Esta disparidad podría ser un punto clave en un eventual litigio judicial.
Para los ciudadanos y los empleados públicos, esta serie de rechazos subraya la rigidez de los procesos administrativos y la dificultad de revertir decisiones una vez que han sido convalidadas por las instancias superiores. La intervención de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, avalando estos rechazos, refuerza la línea de austeridad y control sobre el gasto público y la estructura del Estado. Estos casos podrían sentar precedentes para futuros reclamos de reencasillamiento en otras dependencias estatales.
Para mantenerse informado sobre futuras actualizaciones, se recomienda seguir de cerca las novedades del Boletín Oficial y los fallos judiciales que puedan surgir a raíz de estas demandas. La lucha por la correcta clasificación laboral del personal civil de las Fuerzas Armadas parece estar lejos de terminar.
