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La Secretaría General extiende designaciones transitorias de personal, revelando un caso con requisitos mínimos incumplidos, mientras se reacomodan piezas en el organigrama presidencial. ¿Clientelismo o necesidad?
El Boletín Oficial nos trae una nueva tanda de movimientos internos en la cúpula del poder. La Secretaría General de la Presidencia de la Nación y su Subsecretaría de Asuntos Presidenciales han decidido prorrogar una serie de designaciones transitorias de personal. Esto significa que varios funcionarios seguirán en sus puestos por otros CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, bajo el paraguas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Lo más llamativo y que enciende las alarmas es la situación de la señora Yamila Andrea MEDINA (D.N.I. Nº 32.638.427), a quien se le autoriza una prórroga con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial. ¿Qué significa esto para la meritocracia en el Estado? La medida, amparada en "razones operativas", plantea interrogantes sobre la transparencia y la idoneidad exigida para el acceso a cargos públicos.
Además, se autoriza el pago del Suplemento por Función Ejecutiva a estos agentes. Los cargos, según las resoluciones, deberán ser cubiertos mediante procesos de selección en el mismo plazo de 180 días, pero la realidad muestra que estas "prórrogas transitorias" suelen convertirse en la norma. Este tipo de decisiones refuerza la percepción de un Estado que, pese a los discursos de ajuste y eficiencia, sigue moviendo sus fichas internas con cierta discrecionalidad.
"Las prórrogas de designaciones transitorias de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas vigentes, en el ámbito de la Administración Pública Nacional..." - Decreto Nº 958/24
Esta danza de nombres y puestos se da en un contexto de reestructuración gubernamental, con modificaciones recientes en la Ley de Ministerios y el organigrama de la Secretaría General. La Decisión Administrativa Nº 3/25 distribuyó los recursos presupuestarios para 2025, lo que marca el marco financiero para estas continuidades.
Para el ciudadano de a pie, esto puede interpretarse como más burocracia y menos eficiencia, o al menos, una señal de que las promesas de un Estado más ágil y transparente aún tienen un largo camino por recorrer.
