¡ESCÁNDALO EN LA PROVINCIA! ¿QUIÉN FIRMA QUÉ? DECRETO POLICIAL EN MANOS DE HÁBITAT

¡Atención, bonaerenses! Un nuevo decreto desata la polémica y pone en el ojo de la tormenta la gestión administrativa provincial. El Decreto N° 545/22 se propone fijar una nueva fórmula para calcular los aranceles de la Categoría 5 del Subescalafón General, un punto crucial para el personal policial de la Provincia de Buenos Aires. Según lo establecido, el cálculo se basará en una intrincada ecuación que considera el haber básico del Oficial de Policía más el B.R.N.B. del Decreto N° 1254/2010, dividido por (48 × 4,4) y multiplicado por 2,70. Este ajuste salarial es vital para comprender la remuneración de una parte de nuestras fuerzas de seguridad.

La Controversia: ¿Un Error de Oficina o Algo Más?

Lo que realmente enciende las alarmas es la firma que rubrica este documento. Aunque la resolución es emitida por EL MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, la rúbrica final pertenece a Eduardo Javier Alonso, Ministro del MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO. ¿Cómo es posible que un decreto que atañe directamente a la seguridad y a la Policía sea firmado por un ministro de una cartera completamente diferente? Esta aparente inconsistencia burocrática podría generar no solo confusiones, sino también interrogantes sobre la validez y la coordinación interministerial.

Para los ciudadanos, esto significa una opacidad en la gestión de los recursos y el personal de seguridad. Para los afectados, los policías de Categoría 5, implica una incertidumbre sobre la fuente de autoridad que valida sus ingresos. Este tipo de deslices administrativos no solo socava la confianza en la gestión pública, sino que también puede ser el germen de futuras disputas legales o reclamos. La transparencia y la correcta asignación de responsabilidades son fundamentales, y este decreto, a pesar de su tecnicismo, expone una falla crítica en ese aspecto. Estaremos atentos a las aclaraciones que puedan surgir.